Presidente del TC español alerta sobre riesgos de la IA para derechos fundamentales

El Presidente del Tribunal Constitucional de España, Cándido Conde-Pumpido Tourón, instó a desarrollar una jurisprudencia que garantice el derecho a la conectividad y el acceso equitativo a las tecnologías, así como a los sistemas de creación y distribución del conocimiento.

En este contexto, subrayó la necesidad de avanzar en la regulación, la responsabilidad y la transparencia del uso de la inteligencia artificial (IA), advirtiendo que un manejo excesivo, descontrolado o indebido de esta tecnología puede llegar a menoscabar derechos fundamentales.

El magistrado hizo estas declaraciones durante la inauguración de las XXXI Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, celebradas en Tarragona bajo el tema “Inteligencia Artificial y Derechos Fundamentales”.

En su intervención, reconoció que la IA tiene la capacidad de mejorar la eficiencia institucional y facilitar tareas, pero alertó que también puede afectar derechos esenciales como la libertad de expresión, el derecho a comunicar o recibir información veraz, la intimidad, el honor, la protección de datos personales y la tutela judicial efectiva.

“Los tribunales constitucionales tienen el deber de sentar las bases de una justicia tecnológica acorde con la dignidad humana”, afirmó, recordando que este asunto fue abordado recientemente en el VI Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional. En ese encuentro, 85 representantes de cortes constitucionales de todo el mundo coincidieron en que el uso indebido de datos personales, la discriminación algorítmica y la vigilancia excesiva constituyen amenazas reales para los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.

El Presidente manifestó especial preocupación por la llamada “discriminación algorítmica”, es decir, la capacidad de los sistemas de inteligencia artificial de reproducir y amplificar sesgos y prejuicios sociales, afectando de manera desigual a determinados grupos. En esa línea, mencionó entre los riesgos de la IA el reciente caso en que el propio Tribunal Constitucional sancionó a un abogado por incluir en un escrito citas jurisprudenciales inexistentes generadas mediante herramientas de inteligencia artificial.

Ante estos desafíos, hizo un llamado a los distintos poderes del Estado para articular una respuesta conjunta que permita proponer soluciones efectivas y reforzar la protección de los derechos fundamentales en el entorno digital.