Parlamento francés aprueba proyecto de ley que prohíbe redes sociales a menores de 15 años

El parlamento de Francia aprobó un proyecto de ley que restringe el acceso a redes sociales a menores de 15 años y prohíbe la tenencia y uso de teléfonos celulares en establecimientos educacionales. La iniciativa busca resguardar la salud mental de la infancia, erradicar el ciberacoso y prevenir la adicción severa a las pantallas.

El proceso de tramitación requirió gestiones adicionales ante la Unión Europea, dado que las plataformas de internet se encuentran reguladas por la Ley de Servicios Digitales del bloque comunitario. Para evitar conflictos normativos y prevenir la fragmentación del mercado único digital, las autoridades nacionales debieron notificar formalmente la propuesta a las instancias comunitarias.

Durante la discusión legislativa existieron discrepancias entre las cámaras. Mientras la Asamblea Nacional impulsó una prohibición general para menores de 15 años, el Senado promovió vetos focalizados que permitieran el acceso con autorización parental para disminuir riesgos de vulneración a las reglas europeas. Tras cuatro meses de debate, una comisión parlamentaria mixta logró consensuar un texto unificado.

El debate cobró impulso político tras un ataque mortal ocurrido en un establecimiento escolar, hecho que motivó la creación de una comisión investigadora sobre el impacto de las plataformas digitales en los jóvenes. A ello se sumaron acciones judiciales privadas interpuestas contra una red social por la exposición de adolescentes a contenidos nocivos vinculados a cuadros de depresión, ansiedad y adicción.

El Jefe de Estado proyecta promulgar la normativa con miras a su entrada en vigencia el 1 de septiembre de 2026, coincidiendo con el inicio del año escolar. Sin embargo, el texto deberá someterse previamente a un análisis de constitucionalidad centrado en eventuales vulneraciones a libertades civiles fundamentales, el derecho a la privacidad y la definición legal de los derechos digitales de los menores.

Con la aprobación de este marco normativo, el país se convierte en el pionero europeo en adoptar una prohibición general de esta índole. Otros países del continente, entre las que se cuentan España y el Reino Unido, han anunciado intenciones de implementar medidas de similar naturaleza hacia el año 2027.

Vea texto explicativo.