Nuevo informe de la ONU denuncia aumento de la represión política en Venezuela tras elecciones de 2024

La misión de investigación de las Naciones Unidas sobre Venezuela presentó un informe en el que detalla una serie de violaciones de derechos humanos registradas tras las elecciones presidenciales de 2024 y que, según sus conclusiones, se han prolongado durante 2025. El documento pone de relieve que la sociedad civil venezolana ha sido objeto de una amplia represión en ámbitos políticos y sociales.

El equipo de expertos presentó nueva evidencia relacionada con 25 muertes ocurridas durante las protestas del 29 y 30 de julio de 2024. De acuerdo con la investigación, en algunos de esos casos participaron fuerzas de seguridad estatales. En particular, se documentó que en Maracay efectivos de la Guardia Nacional y del ejército hicieron uso de munición real contra manifestantes.

Asimismo, el informe analizó la situación de cinco personas fallecidas en detención, señalando que las autoridades no cumplieron con sus obligaciones de protección respecto a la salud de los reclusos. Estas conclusiones difieren de las versiones oficiales ofrecidas por la Fiscalía General de Venezuela, que había negado la implicación de agentes estatales en las muertes.

El texto también se refiere a la privación de libertad posterior a las elecciones. De un total de 2.220 detenidos, las autoridades liberaron a 2.006 personas, aunque al mismo tiempo se produjeron alrededor de 200 nuevas detenciones de opositores políticos. El informe da cuenta, además, de un número récord de ciudadanos extranjeros recluidos en régimen de incomunicación, situación considerada por los expertos como desaparición forzada. Entre los afectados se incluyen menores de entre 13 y 17 años.

Los investigadores subrayaron que diversos detenidos fueron sometidos a condiciones degradantes y, en varios casos, a violencia sexual durante la custodia.

En relación con el marco legal, se destacó la aprobación en noviembre de 2024 de normativas que, según los expertos, limitan la participación ciudadana y las actividades de la sociedad civil. Una de ellas, la denominada Ley Simón Bolívar, establece restricciones a los derechos civiles de miembros de la oposición, mientras que la Ley de Financiamiento de ONG restringe la operación de organizaciones no gubernamentales en el país. Este tipo de disposiciones ha sido comparado por organismos internacionales con las legislaciones aplicadas en países como Rusia y Georgia.

El informe concluye que, ante la falta de investigaciones internas por parte de las autoridades, la comunidad internacional debe abordar los procesos de justicia en favor de las víctimas.

Vea texto del informe.