La REDESCA urge a integrar los derechos humanos en las reformas fiscales globales y el financiamiento climático.

En un contexto global marcado por la intensificación de la crisis climática, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reafirma la importancia de implementar políticas fiscales progresivas que promuevan y garanticen los derechos humanos. En consonancia, reconoce la relevancia de los procesos de reformas fiscales globales en curso en los foros multilaterales. En particular, resalta la importancia de la reciente declaración de los ministros de finanzas del G20 que aboga por avanzar en reformas fiscales progresivas y la necesidad de movilizar recursos adicionales para enfrentar la emergencia climática y lograr el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030.

En el contexto de estas discusiones sobre las reformas fiscales globales, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha iniciado un proceso para desarrollar una Convención Marco sobre Cooperación Internacional en Materia Fiscal. La Resolución A/78/230, adoptada el año pasado, marca el comienzo de discusiones intergubernamentales en la ONU para fortalecer la inclusión y efectividad de la cooperación fiscal, así como el desarrollo de un proceso para diseñar una convención marco jurídicamente vinculante. Actualmente, se está llevando a cabo en la sede de la ONU en Nueva York la segunda ronda de negociaciones sobre los Términos de Referencia de este proceso, subrayando la importancia de una cooperación fiscal internacional más inclusiva y eficaz en la promoción de la justicia fiscal y los derechos humanos en un contexto de creciente vulnerabilidad climática.

La política fiscal está intrínsecamente ligada a los derechos humanos y a la justicia climática. En este sentido, en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Protocolo Adicional de San Salvador, los Estados deben garantizar la realización progresiva de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Las obligaciones mencionadas incluyen las políticas que los Estados adoptan para fortalecer su espacio fiscal, recaudar ingresos públicos adecuados y asignar fondos para financiar de manera efectiva las políticas públicas que garanticen los derechos humanos. Por lo tanto, aunque los Estados ciertamente conservan la discreción soberana para definir sus políticas fiscales y tributarias particulares, están simultáneamente obligados, a nivel internacional, a sostener y promover los DESCA a través de esas decisiones de política pública y su implementación efectiva.