Kenia aprueba reforma a ley de delitos cibernéticos en medio de críticas por posibles violaciones a la libertad de expresión

El presidente de Kenia promulgó la Ley de Enmienda de Delitos Informáticos y Cibernéticos de 2024, que actualiza la normativa de 2018 para responder a amenazas digitales emergentes como el fraude por intercambio de tarjetas SIM, el phishing y el acoso en línea. La medida busca fortalecer la capacidad institucional del país frente a los desafíos de la era digital y asegurar una infraestructura tecnológica más protegida.

Entre los principales cambios destaca la ampliación de las definiciones jurídicas de uso indebido de computadoras y ciberdelincuencia, incorporando el concepto de infraestructura crítica de información, que abarca sectores esenciales como la banca, la energía, las telecomunicaciones y el transporte. Esta redefinición amplía el alcance de las responsabilidades empresariales y exige a las organizaciones revisar sus políticas internas de protección de datos y ciberseguridad.

La enmienda introduce además un nuevo delito de fraude por intercambio de tarjetas SIM, castigado con hasta diez años de prisión o una multa de cinco millones de chelines kenianos (unos 36 millones de pesos). Esta disposición obliga a las empresas que operan servicios móviles y financieros digitales a reforzar sus sistemas de autenticación y detección temprana de fraude.

Otro aspecto relevante es el incremento de las sanciones por acoso cibernético y difusión de información falsa. Las nuevas penas pueden alcanzar diez años de prisión o multas de cinco millones de chelines, con el objetivo de disuadir la manipulación digital y los comportamientos abusivos en línea.

La norma amplía también las atribuciones del Comité Nacional de Coordinación de Delitos Informáticos y Cibernéticos, que podrá ordenar el bloqueo o eliminación de contenidos considerados ilegales o peligrosos. Esta facultad administrativa se aplicará a plataformas, aplicaciones o sitios web que difundan material asociado a actividades delictivas, terrorismo o explotación infantil.

Otro cambio estructural afecta a la gestión de la infraestructura crítica de información. Las organizaciones que operan en sectores estratégicos deberán garantizar la localización de los datos dentro del país, realizar evaluaciones periódicas de riesgo y establecer centros especializados de operaciones de ciberseguridad. Estas obligaciones implican inversiones adicionales, pero buscan consolidar la resiliencia tecnológica frente a ataques informáticos.

En el ámbito empresarial, la aplicación de la ley supone un incremento de las exigencias de cumplimiento y un refuerzo de las políticas internas de formación, prevención y notificación de incidentes. Para las personas usuarias, la reforma promete una mayor protección frente al fraude digital y el acoso, aunque también impone una necesidad creciente de adoptar buenas prácticas de seguridad en línea.

En el plano institucional, la reforma consolida un enfoque de gobernanza digital más robusto y preventivo, que posiciona a Kenia como uno de los países africanos con legislación más avanzada en materia de ciberseguridad.

Sin embargo, su implementación requerirá un equilibrio entre la eficacia del control estatal y la garantía de los derechos fundamentales en el entorno digital, pues la normativa no ha estado exenta de críticas por posibles vulneraciones a la libertad de expresión. Diversas organizaciones acusan que las definiciones amplias contenidas en la enmienda podrían utilizarse para criminalizar a periodistas y críticos del gobierno.

La ley marca así un punto de inflexión en la regulación tecnológica del país, al establecer un marco legal integral que busca proteger tanto la infraestructura nacional como la seguridad de los ciudadanos frente a un entorno digital en rápida transformación.

Vea enmienda legislativa.