Justicia francesa dictamina que estrategia para combatir piratería online viola el derecho de la Unión Europea

El Consejo de Estado de Francia determinó que el mecanismo de respuesta gradual utilizado para perseguir la piratería de obras protegidas en internet no se ajusta a los estándares legales de la Unión Europea. La resolución establece que la normativa vigente no garantiza adecuadamente la privacidad de los usuarios, principalmente porque permite el acceso a datos personales sin que los proveedores de servicios de internet aseguren un almacenamiento independiente y por la falta de supervisión judicial en fases avanzadas del proceso administrativo.

Este sistema es gestionado por Arcom, la agencia que desde el año 2022 asumió las funciones de la antigua Hadopi. El procedimiento actual consiste en tres etapas sucesivas ante infracciones a la propiedad intelectual: el envío de una primera advertencia al suscriptor, una segunda notificación en caso de reincidencia y, finalmente, el envío de los antecedentes al Ministerio Público si se detecta una tercera falta. Para ejecutar este proceso, Arcom solicita a las empresas de telecomunicaciones que vinculen las direcciones IP detectadas en descargas ilegales con la identidad de los titulares de las cuentas.

La decisión del Consejo surge tras una demanda presentada por la asociación La Quadrature du Net y otras organizaciones civiles, quienes impugnaron el decreto reglamentario de 2010 por considerarlo contrario al Derecho de la Unión Europea. Durante el proceso, el Consejo elevó una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para aclarar la interpretación de las directivas sobre privacidad y comunicaciones electrónicas vigentes en el continente.

El TJUE precisó en su pronunciamiento que, aunque los países pueden obligar a las empresas a conservar datos de identidad y direcciones IP para perseguir delitos, estos deben ser almacenados de forma separada de otros registros de navegación. El objetivo de esta medida es evitar que el cruce masivo de información permita obtener un perfil detallado de la vida privada de las personas sin una justificación proporcional a la gravedad del delito investigado.

Asimismo, la justicia europea estableció que las autoridades públicas no pueden realizar más de dos vinculaciones de identidad respecto de un mismo usuario sin contar con el permiso previo de un tribunal o de una entidad administrativa independiente. En el caso francés, Arcom realizaba estos cotejos de datos de manera autónoma, incluso para la tercera etapa del procedimiento, lo que el Consejo ha calificado ahora como una vulneración a las garantías fundamentales de protección de datos.

A raíz de este fallo, el gobierno de Francia tiene la obligación de reformar el decreto que regula el procesamiento de datos para introducir los resguardos exigidos. Mientras se tramitan estas modificaciones legislativas, se ha dispuesto un marco de control provisorio. Bajo estas reglas transitorias, Arcom solo podrá solicitar la identificación de usuarios por delitos menores si se comprueba que los datos han sido conservados bajo los estándares de seguridad europeos. No obstante, la agencia podrá mantener el envío de las dos primeras advertencias del sistema de respuesta gradual sin cambios inmediatos.

Vea sentencia Consejo de Estado de Francia.