Justicia francesa analiza proyecto de ley sobre cohesión republicana para combatir el racismo y el antisemitismo.

El Consejo de Estado de Francia evaluó el proyecto de ley de cohesión republicana destinado a combatir el racismo y el antisemitismo, una iniciativa impulsada por el Gobierno francés tras registrarse un incremento significativo en las infracciones de odio y discriminación en el país. El texto legal propone un conjunto de reformas penales y regulatorias diseñadas para endurecer las sanciones, con un foco especial en los delitos cometidos a través de plataformas digitales y redes sociales.

Entre sus principales medidas, la propuesta busca elevar el monto de las multas para delitos con agravantes discriminatorias, clarificar las sanciones a la negación de crímenes de lesa humanidad y permitir la responsabilidad penal de las personas jurídicas en delitos de prensa graves. Además, establece un procedimiento administrativo para exigir a los proveedores de internet el retiro o bloqueo de contenidos ilícitos en un plazo de veinticuatro horas cuando exista una amenaza grave al orden público.

El tribunal administrativo validó los mecanismos de control en internet y la responsabilidad corporativa, indicando que la remoción express de contenidos debe contar con personal calificado y la notificación inmediata al Ministerio Público.

Sin embargo, la Corte rechazó la propuesta de tipificar como delitos las injurias, difamaciones y provocaciones discriminatorias cuando ocurran en el ámbito privado. Según el dictamen, sancionar expresiones emitidas en entornos estrictamente familiares o de confianza vulnera la privacidad y la libertad de conciencia de forma desproporcionada.

Asimismo, declaró inconstitucional la aplicación obligatoria de la pena de inhabilitación electoral para los autores de delitos de prensa. El fallo argumenta que el ordenamiento jurídico protege la libertad de expresión en el debate político, por lo que una restricción automática de los derechos de sufragio resulta excesiva, sugiriendo que la imposición de esta sanción complementaria quede bajo la evaluación individual de los jueces.

Vea sentencia Consejo de Estado de Francia.