Justicia española condena a prisión a abogada que estafó a cliente

La Audiencia Provincial de Asturias (España) dictó una sentencia de conformidad que impone seis meses de prisión a una abogada por cometer un delito de estafa en el ejercicio de sus funciones. El fallo judicial establece además la obligación de restituir 28 mil 360 euros a las víctimas, junto con el pago de los costes originados por el proceso. La ejecución de la pena privativa de libertad quedará en suspenso durante un plazo de dos años, a condición de que la profesional no registre nuevos antecedentes delictivos en dicho intervalo.

Los hechos validados por el tribunal exponen que la profesional asumió la representación legal de un joven procesado por un delito contra la libertad sexual de un menor de dieciséis años. El afectado, quien presenta un diagnóstico de retraso mental leve, acudía de manera regular a las consultas legales en compañía de su padre. Aprovechando esta situación, la abogada comunicó a la familia de forma mendaz que la vía exclusiva para eludir la reclusión carcelaria consistía en abonar una sanción económica que ella misma gestionaría ante la autoridad judicial competente.

Confiando en el relato de la litigante, los afectados efectuaron diversas entregas de dinero en efectivo, creyendo que el desembolso correspondía a un trámite indispensable y obligatorio. Paralelamente, el procedimiento penal originario concluyó mediante un acuerdo que determinó para el imputado seis meses de reclusión y tres años de libertad vigilada. Dicha resolución judicial decretó de forma automática la suspensión de la cárcel por dos años, supeditada únicamente a la asistencia a un programa de educación sexual y a mantener una conducta conforme a la ley, sin exigir pagos estatales.

La maniobra quedó al descubierto cuando el cliente y su progenitor requirieron los comprobantes de la supuesta multa y las copias de las actuaciones judiciales en las oficinas de la defensa. La abogada solo proporcionó una liquidación de honorarios, importe que también fue cancelado por los usuarios. Ante las evasivas para justificar el resto del dinero, la familia contrató los servicios de un nuevo especialista, mediante el cual confirmaron que el juzgado jamás requirió cobros económicos para eximir al investigado del ingreso a un recinto penitenciario.

Con anterioridad a la audiencia de juicio, la imputada depositó treinta mil euros en las cuentas del tribunal con el objetivo de resarcir los perjuicios económicos ocasionados y transfirió 4 mil cincuenta euros para saldar las costas del litigio. Al haber conformidad entre las partes y no presentarse apelaciones, la sentencia adquirió el carácter de firme.

Vea sentencia Audiencia Provincial de Asturias.