Justicia de EE.UU. anula cobro de 100 mil dólares para visas de trabajo H-1B

Un tribunal federal del Distrito de Massachusetts dejó sin efecto el cobro de 100 mil dólares aplicable a los visados de trabajo H-1B. Esta exigencia económica había sido establecida por el presidente Donald Trump mediante un decreto dictado en septiembre, como parte de una reestructuración en los procesos de extranjería de ese país.

El mecanismo de autorización laboral H-1B está diseñado para que los empleadores locales contraten personal extranjero en puestos técnicos o científicos de alta complejidad. La legislación vigente exige que los postulantes posean formación especializada académica equivalente a una licenciatura, con la finalidad de suplir las vacantes que la fuerza laboral interna no alcanza a cubrir. Dichos permisos administrativos se otorgan por un lapso inicial de tres años y admiten una prórroga por un periodo idéntico.

La orden del mandatario justificaba la medida económica bajo el argumento de que las corporaciones utilizaban el sistema para abaratar costos operativos. Según los informes de la presidencia, la contratación de no inmigrantes reducía los salarios del sector, incentivaba el despido de personal nativo y afectaba las oportunidades de los profesionales locales, calificando la situación como un riesgo para la estabilidad y seguridad del territorio.

La legalidad de este cobro fue impugnada formalmente por un grupo de fiscales generales pertenecientes al Partido Demócrata, con la representación del estado de California a la cabeza del requerimiento. Los demandantes argumentaron una vulneración a las prerrogativas constitucionales en materia tributaria y migratoria.

El juez del caso acogió los planteamientos de la parte demandante y determinó que el cobro fijado por el gobierno federal constituye un impuesto en términos prácticos. La resolución judicial indica que el Congreso de la Unión es la única entidad facultada por la Constitución para crear gravámenes financieros y para alterar las políticas de control migratorio. Por este motivo, el fallo concluye que el decreto presidencial infringe la división de poderes del Estado y suprime definitivamente la validez de la norma cuestionada.

Vea texto de la sentencia.