Justicia australiana multa a plataforma X por no informar medidas de seguridad contra abuso infantil

El Tribunal Federal de Australia impuso una multa de aproximadamente 465.000 dólares estadounidenses a la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter. La sanción se decretó debido a que la compañía no proporcionó la información requerida por el organismo regulador de la seguridad en internet del país respecto de las medidas implementadas para prevenir la explotación infantil dentro de su plataforma. Adicionalmente, el tribunal ordenó a la firma el pago de 71.000 dólares en concepto de costas judiciales a la Comisión de Seguridad en Internet de Australia.

La resolución judicial se fundamenta en la Ley de Seguridad en Línea de Australia, una legislación que impone a las corporaciones tecnológicas de redes sociales la obligación de demostrar de manera transparente el cumplimiento de las Expectativas Básicas de Seguridad en Línea. El fallo concluye una controversia jurídica que se extendió por un período de tres años, determinando que X omitió entregar los datos solicitados dentro de los plazos legales establecidos. Aunque la empresa argumentó ante el tribunal que carecía de la obligación legal de transferir dichos antecedentes al Comisionado de Seguridad Digital, la magistratura desestimó de forma íntegra dicha defensa.

Este dictamen judicial se genera en un contexto global donde Australia ha adoptado una postura activa en la fiscalización de las grandes corporaciones tecnológicas de comunicación social. Muestra de ello es la promulgación, a finales del año pasado, de una normativa que restringe el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, una política pública que ha motivado debates similares e iniciativas legislativas en países como Grecia, Turquía, Malasia e Indonesia, junto con abrir discusiones técnicas en el marco de la Unión Europea sobre la aplicabilidad y el cumplimiento normativo de este tipo de prohibiciones.

La sanción económica aplicada a X forma parte de una corriente judicial en la cual las autoridades regulatorias recurren a procedimientos de carácter civil para fiscalizar el ámbito de acción y las responsabilidades de las empresas del sector tecnológico. Este enfoque jurídico busca establecer mecanismos de control institucionalizados frente a los riesgos que el uso de estas plataformas virtuales puede representar para los menores de edad, priorizando la transparencia operativa por sobre las decisiones autónomas de las compañías.

Por su parte, la Comisionada de Seguridad en Internet de Australia, Julie Inman Grant, explicó que a inicios del año 2023 se requirió formalmente a las principales firmas tecnológicas de alcance global, entre ellas la entonces llamada Twitter, la entrega de reportes detallados sobre sus estrategias contra la proliferación de contenidos vinculados al abuso y explotación sexual infantil. La autoridad enfatizó que estos requerimientos constituyen una atribución central del órgano regulador y operan como un canal para que la ciudadanía conozca los protocolos de fiscalización interna frente a contenidos de alta gravedad.

Vea sentencia tribunal australiano.