Justicia argentina: uso inteligencia artificial no invalida por sí solo una sentencia

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut resolvió que el uso de inteligencia artificial por parte de un juez no invalida automáticamente una sentencia, en un caso que ha generado debate sobre el rol de estas herramientas en el Poder Judicial.

El conflicto se originó en junio de 2025, cuando un juez penal de Esquel condenó a un hombre a dos años y seis meses de prisión por robo. Al revisar el fallo, la Cámara Penal detectó un error inusual: en uno de los apartados del texto aparecía una frase propia de ChatGPT —“Aquí tienes el punto IV reeditado, sin citas y listo para copiar y pegar”— lo que evidenciaba el uso de inteligencia artificial en la redacción.

Ante esto, la Cámara anuló tanto la sentencia como el juicio, argumentando que no era posible determinar cuánto del contenido había sido elaborado por el juez y cuánto por la herramienta tecnológica. Además, cuestionó que se hubieran ingresado datos personales sin anonimizar y que el texto omitiera citas, lo que afecta la fundamentación jurídica.

Sin embargo, las fiscales del caso recurrieron la decisión y llevaron el asunto al Superior Tribunal de Justicia, que finalmente revocó la nulidad.

El máximo tribunal sostuvo que el proceso interno de elaboración de una sentencia —incluyendo el uso de herramientas como inteligencia artificial— forma parte del ámbito privado del juez y no es, por sí mismo, objeto de control judicial. Lo relevante, indicó, es el contenido final del fallo y su fundamentación.

En esa línea, el STJ afirmó que “convertir el uso de estas herramientas en una causa automática de nulidad implicaría desviar el análisis desde la decisión hacia los medios utilizados para elaborarla”, lo que no se ajusta a las reglas del proceso penal.

Asimismo, precisó que, aunque el incumplimiento de protocolos sobre uso de tecnologías puede dar lugar a sanciones disciplinarias, no genera necesariamente la invalidez del fallo si no se demuestra un perjuicio concreto.

El tribunal también reiteró que la función jurisdiccional es indelegable y que el juez sigue siendo responsable del contenido de la sentencia, incluso si utiliza herramientas de apoyo para redactarla.

Finalmente, el caso fue devuelto a la Cámara Penal de Esquel, que deberá dictar un nuevo fallo con una integración distinta, cerrando así un precedente relevante sobre el uso de inteligencia artificial en la justicia.

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