Juez de EE.UU. restringe uso de la fuerza por parte de agentes migratorios ante denuncias por abusos

Una jueza federal de distrito de Estados Unidos emitió una orden judicial preliminar que restringe el uso de la fuerza por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La medida prohíbe el empleo de armas antidisturbios contra manifestantes o periodistas, salvo en situaciones excepcionales y definidas, y forma parte de un proceso judicial iniciado en octubre tras la presentación de una demanda colectiva que alega violaciones a la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

Según lo dispuesto, los agentes federales solo podrán recurrir a la fuerza una vez que se hayan emitido al menos dos advertencias auditivas claras sobre una orden de dispersión, otorgando un tiempo razonable para su cumplimiento. La orden contempla excepciones únicamente en casos de emergencia o cuando existan circunstancias apremiantes que justifiquen una respuesta inmediata.

Durante la revisión del caso, la jueza examinó grabaciones de video que documentaban actuaciones del ICE en el área metropolitana de Chicago. En su análisis, la magistrada concluyó que algunas acciones de los agentes excedieron los límites razonables en la gestión de manifestaciones públicas. En particular, se mencionó el testimonio del comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, quien reconoció haber proporcionado información inexacta sobre un incidente en el que se empleó gas lacrimógeno en el vecindario de Little Village.

La orden judicial incluye una lista de restricciones específicas sobre el uso de escopetas de baja letalidad, lanzadores de 40 mm, gas lacrimógeno y maniobras de sujeción como los estrangulamientos o bloqueos carotídeos. Además, se dispone que todos los agentes federales vinculados a la denominada “Operación Midway Blitz” porten identificaciones visibles en al menos dos partes de su uniforme y utilicen cámaras corporales durante el cumplimiento de sus funciones.

Durante la audiencia, diversos testigos relataron cómo las acciones de las fuerzas federales influyeron en su percepción de seguridad y en el ejercicio de sus derechos constitucionales. Entre ellos, una organizadora comunitaria de Cicero, manifestó sentirse insegura al participar en actividades públicas, señalando que estas experiencias han afectado su disposición a ejercer derechos de expresión y reunión.

La resolución judicial representa un paso intermedio dentro de un litigio más amplio sobre los límites del uso de la fuerza en contextos de manifestación, un tema que continúa siendo objeto de debate en tribunales y foros públicos en Estados Unidos.

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