Italia vota reforma judicial impulsada por Meloni en medio de fuerte disputa con la magistratura.

Este fin de semana Italia celebra un referéndum clave sobre una reforma constitucional de la justicia impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni, en lo que se presenta como una de las apuestas más importantes de su mandato.

Aunque el proyecto es técnico, su alcance es amplio: busca cambiar reglas del sistema institucional italiano, tradicionalmente marcado por la inestabilidad política, y redefinir el equilibrio entre el poder político y el poder judicial.

La propuesta incluye tres cambios principales: separar las carreras de jueces y fiscales, modificar la forma de elegir el Consejo Superior de la Magistratura (CSM) —órgano de gobierno de los jueces— y aumentar la responsabilidad de los magistrados.

Actualmente, jueces y fiscales pertenecen a un mismo cuerpo. La reforma plantea dividirlos en dos carreras distintas y crear un Ministerio Público separado, lo que cambiaría el funcionamiento del sistema penal.

Además, el CSM dejaría de ser un solo órgano para pasar a ser dos: uno para jueces y otro para fiscales. Lo más innovador es que sus integrantes ya no serían elegidos como hasta ahora, sino mediante sorteo, a partir de listas o directamente entre los propios magistrados.

Este sistema, sin precedentes en el derecho comparado, es defendido por el gobierno como una forma de evitar el control corporativo de la magistratura. Sus críticos, en cambio, advierten que podría debilitar la independencia judicial y afectar el principio de representación.

El debate ha sido intenso. El oficialismo promueve el “sí”, planteando la reforma como una forma de equilibrar el poder frente a una magistratura que, según sostiene, ha bloqueado decisiones del Ejecutivo, especialmente en temas como inmigración.

Por su parte, la oposición y gran parte del poder judicial llaman a votar “no”, argumentando que la reforma busca someter la justicia al control político.

El contexto no es menor. Desde los años 90, la justicia italiana ha tenido un rol muy activo en la vida política, investigando casos de corrupción de alto nivel, lo que ha generado tensiones permanentes entre los poderes del Estado.

Las encuestas muestran un escenario ajustado, con una leve ventaja del “sí”. A diferencia de otros referéndums en Italia, este no exige un mínimo de participación para ser válido. Una eventual aprobación no solo abriría la puerta a nuevas reformas —como el proyecto de presidencializar el sistema político—, sino que también podría influir en debates similares en otros países europeos, incluido España, sobre el gobierno del poder judicial.