Gobierno de Estados Unidos sanciona a cuatro juezas de la Corte Penal Internacional por incurrir en “politización y abuso de poder”

En aplicación de una orden ejecutiva, el Departamento de Estado estadounidense anunció la imposición de sanciones contra cuatro juezas en ejercicio de la Corte Penal Internacional (CPI): Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou (Benín), Solomy Balungi Bossa (Uganda), Luz del Carmen Ibáñez Carranza (Perú) y Beti Hohler (Eslovenia). Las sanciones implican el congelamiento de activos localizados en territorio estadounidense o bajo control de personas sujetas a jurisdicción estadounidense, así como la prohibición de cualquier operación financiera o comercial en la que intervenga alguna de las personas designadas, salvo autorización expresa.

En enero de 2025, el gobierno de Estados Unidos, mediante la Orden Ejecutiva Nº 14.203, estableció un régimen de sanciones aplicable a funcionarios de la CPI, en relación con investigaciones que afecten a Estados Unidos o a sus aliados. Dicha orden fue promulgada en el marco de actuaciones iniciadas por la CPI respecto a presuntos crímenes cometidos en diversos contextos internacionales, incluyendo Afganistán y el conflicto entre Israel y Palestina.

La fundamentación pública de las sanciones establece que las juezas Bossa e Ibáñez Carranza adoptaron decisiones relativas a la reactivación de un procedimiento que investiga posibles crímenes de guerra atribuibles a fuerzas armadas de los Estados Unidos en Afganistán. Por otro lado, las juezas Alapini Gansou y Hohler habrían emitido resoluciones que condujeron a la autorización de órdenes de arresto por parte de la CPI respecto a autoridades del Estado de Israel.