Gobierno de EE.UU. sanciona a jueces de la Corte Penal Internacional que votaron resolución contra Israel

El gobierno de Estados Unidos oficializó la imposición de sanciones contra dos magistrados pertenecientes a la Cámara de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI): Gocha Lordkipanidze, de nacionalidad georgiana, y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia. Las medidas administrativas adoptadas contemplan la prohibición de entrada a territorio estadounidense para los jueces y sus familiares directos, así como el congelamiento de cualquier activo financiero que posean bajo jurisdicción norteamericana.

La decisión fue comunicada por el Secretario de Estado, Marco Rubio, quien fundamentó la acción en las disposiciones de la Orden Ejecutiva 14203. Dicha normativa faculta a la administración para sancionar a personas u organizaciones extranjeras que participen de manera directa en investigaciones, detenciones o procesamientos de la CPI contra ciudadanos de países que no han otorgado su consentimiento, en referencia a las denominadas personas protegidas. Según la declaración oficial, la conducta de los magistrados se encuadra en estos supuestos al haber votado a favor de una sentencia dictada recientemente contra Israel.

El fallo en cuestión se refiere al rechazo por parte de la CPI de una impugnación legal presentada por Israel. La defensa israelí había solicitado que el tribunal emitiera una nueva notificación formal detallando los hechos acontecidos tras el 7 de octubre, argumentando vicios de procedimiento. Sin embargo, la Corte desestimó la solicitud, sosteniendo que la notificación previa realizada en 2021 cubría los eventos futuros. Tanto Lordkipanidze como Damdin integraron la mayoría que votó por rechazar la apelación israelí, lo que detonó la dictación de estas sanciones.

Esta decisión constituye la tercera fase de sanciones implementadas por la actual administración en el contexto de las disputas legales derivadas del conflicto en Gaza. Los antecedentes se remontan a febrero de 2025, cuando se sancionó al ex fiscal jefe Karim Khan. Posteriormente, en junio del mismo año, las medidas se extendieron a los jueces Solomy Balungi Bossa (Uganda), Luz Del Carmen Ibáñez Carranza (Perú), Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou (Benín) y Beti Hohler (Eslovenia). En agosto de 2025, se sumaron a la lista los jueces Kimberly Prost (Canadá) y Nicolas Guillou (Francia), junto a los jueces adjuntos Nazhat Shameem Khan (Fiyi) y Mame Mandiaye Niang (Senegal).

Frente a este escenario, la Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes, órgano rector que agrupa a los delegados del Estatuto de Roma, emitió una declaración. En ella, catalogaron las sanciones como intentos de obstaculizar el ejercicio independiente de las funciones judiciales de la Corte y su personal.

Por su parte, el Secretario de Estado reafirmó la posición de Estados Unidos, subrayando que ni su país ni Israel son signatarios del Estatuto de Roma y, en consecuencia, desconocen la jurisdicción del tribunal. Rubio enfatizó que el gobierno continuará respondiendo con sanciones ante lo que consideran una extralimitación jurídica por parte de la CPI en sus intentos de procesar a ciudadanos de Estados no partes.

Vea texto de la resolución.