Fiyi, Hungría, Namibia y Estados Unidos solicitan intervenir en caso de genocidio promovido contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) recepcionó formalmente las declaraciones de intervención de Fiyi, Hungría, Namibia y Estados Unidos en el marco del proceso judicial que analiza las actuaciones de Israel en la Franja de Gaza. Estas presentaciones se centran en delimitar los contornos jurídicos que el tribunal deberá considerar para determinar la existencia de responsabilidad internacional, con especial énfasis en la configuración del elemento mental o mens rea exigido por la normativa vigente.

La posición de Namibia ante el tribunal sostiene que la intención genocida no requiere necesariamente una prueba directa, sino que puede deducirse a partir de elementos objetivos como la magnitud, la repetición y la naturaleza sistemática de las acciones militares. Para este Estado, el desplazamiento forzado de la población, la privación de suministros básicos y el impacto letal sobre la infancia constituyen evidencias relevantes para alcanzar el umbral de convicción que exige la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Asimismo, Namibia enfatiza que este crimen puede configurarse tanto por acciones directas como por la omisión de proveer asistencia humanitaria esencial.

En contraste, las delegaciones de Hungría, Fiyi y Estados Unidos han solicitado a la Corte que preserve un estándar de prueba elevado para la inferencia de la intención delictiva. Estos países argumentan que el recurso a las circunstancias del caso solo es válido cuando la intención de destruir al grupo sea la única inferencia razonable que pueda extraerse de la conducta observada. La representación húngara señaló que una expansión interpretativa de este concepto pondría en riesgo la distinción entre el genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario, advirtiendo sobre la posible politización de los litigios internacionales.

Por su parte, Fiyi introdujo en su intervención consideraciones específicas sobre la guerra urbana y el uso de escudos humanos. El Estado alertó que la calificación de ciertas acciones militares como genocidio podría comprometer la legitimidad de futuras misiones de mantenimiento de la paz cuando se enfrenten a organizaciones que operan desde infraestructuras civiles.

Adicionalmente, Fiyi cuestionó el valor probatorio de los informes de organismos internacionales que se basan en fuentes secundarias, a pesar de que comisiones independientes de la ONU hayan emitido conclusiones que apuntan a la comisión de actos genocidas.

A estas intervenciones se sumaron las peticiones de los Países Bajos e Islandia. La representación neerlandesa propuso que el umbral para calificar un daño físico o mental como grave debe ajustarse a la baja cuando las víctimas son menores de edad. Islandia, por otro lado, coincidió en la necesidad de evitar que el criterio de la única inferencia razonable se convierta en un obstáculo insuperable para la justicia. Tras estas presentaciones, el tribunal ha otorgado un plazo a Sudáfrica e Israel para que expongan sus observaciones respecto a los argumentos formulados por los Estados intervinientes.

Vea comunicado de prensa.