Fiscalía de la Corte Penal Internacional publica Política sobre Delitos Cibernéticos en el marco del Estatuto de Roma

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) dio a conocer una política destinada a orientar la actuación del organismo frente a conductas perpetradas en el ciberespacio que pudieran encuadrar en los crímenes previstos en el Estatuto de Roma. Se trata del primer documento de alcance institucional que aborda de forma sistemática los desafíos que plantean las tecnologías digitales en el trabajo de la Fiscalía.

Según informó la propia Oficina, el texto establece los parámetros que guiarán la interpretación del Estatuto en situaciones donde herramientas informáticas o sistemas digitales intervengan en la posible comisión de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crimen de agresión o delitos contra la administración de justicia. La Fiscalía señala que, en ciertos casos, la evidencia digital puede ser determinante para acreditar responsabilidades individuales.

El documento recuerda que el Estatuto de Roma fue concebido para perseguir los crímenes de mayor gravedad, con independencia del medio utilizado. En esa línea, la Fiscalía explica que su actuación se ajustará a los mismos estándares jurídicos aplicados a conductas cometidas por vías tradicionales, pero incorporando métodos de análisis adecuados a entornos tecnológicos en constante evolución.

La política detalla además el enfoque operativo que adoptará la Oficina en futuras investigaciones relacionadas con el componente digital de presuntos crímenes internacionales. Entre los aspectos señalados figuran el fortalecimiento de capacidades técnicas especializadas, la coordinación con autoridades nacionales para la protección de pruebas y la interacción directa con instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y empresas tecnológicas.

La Fiscalía también destaca que estas directrices se integran en un marco más amplio de iniciativas regionales e internacionales orientadas a prevenir y abordar el uso ilícito del ciberespacio. Asimismo, anuncia su intención de mantener un diálogo continuo con expertos y actores relevantes con el fin de adaptar sus herramientas analíticas a los avances tecnológicos.

Durante la presentación, el fiscal adjunto subrayó que la política fija un compromiso institucional para consolidar capacidades que permitan examinar y presentar evidencia digital de manera rigurosa, respetando los estándares del Estatuto de Roma. El documento fue preparado con el apoyo del asesor especial sobre delitos cibernéticos en un proceso de consulta que incorporó aportes de especialistas jurídicos y técnicos internos y externos.

Con esta publicación, la Oficina reafirma que los principios de responsabilidad penal internacional, prevención y acceso a la justicia se aplican también a conductas que se produzcan en entornos digitales o que dependan de infraestructura tecnológica.

Vea estatuto de delitos cibernéticos.