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Proceso en curso
Fiscales de EE.UU. presentan acusación formal contra Raúl Castro por derribo de aviones en 1996
Formalizó cargos contra exautoridades cubanas por el ataque a civiles en 1996. El proceso legal busca determinar responsabilidades penales en el derribo de aeronaves en aguas internacionales, en medio de un complejo escenario diplomático y de sanciones entre ambos gobiernos.

Fiscales federales de Estados Unidos presentaron una acusación formal modificada contra el exmandatario cubano Raúl Castro y cinco exmilitares de la isla. La acción judicial se fundamenta en el derribo de dos aeronaves civiles pertenecientes a la organización Hermanos al Rescate, ocurrido en 1996 en aguas internacionales, incidente que resultó en el fallecimiento de cuatro ocupantes.
Castro, quien a la fecha de los hechos lideraba las fuerzas armadas cubanas y posteriormente ejerció como presidente, es señalado junto a los pilotos por su presunta participación directa en la planificación y ejecución de la operación aérea.
El documento judicial detalla siete cargos que incluyen la conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y homicidio. Según la acusación presentada por la fiscalía estadounidense, tres avionetas Cessna partieron desde el aeropuerto de Opa-Locka con el objetivo de patrullar el estrecho de Florida.
Durante el vuelo, fueron interceptadas por aviones de combate MiG de la fuerza aérea cubana, que procedieron a disparar misiles aire-aire contra dos de las unidades, provocando la caída de las naves y la muerte de sus ocupantes. La tesis fiscal sostiene que el ataque fue el resultado de una operación coordinada tras meses de vigilancia.
De los seis imputados, únicamente Luis Raúl González-Pardo Rodríguez permanece bajo custodia en Estados Unidos, a la espera de una sentencia por un caso de inmigración sin relación con este proceso. El resto de los acusados, incluyendo a Raúl Castro, se encuentran actualmente en Cuba.
Este proceso se inscribe en un contexto de tensiones diplomáticas entre ambos países, exacerbadas tras la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo y la implementación de sanciones económicas orientadas a sectores controlados por militares. El gobierno estadounidense ha mantenido su intención de procesar a figuras extranjeras en tribunales locales, reforzando la postura adoptada recientemente en otros casos judiciales internacionales de alto perfil.
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