Fiscal de la Corte Penal Internacional solicita sobreseimiento de exguerrillero sudanés acusado de diversos crímenes

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó oficialmente la autorización para retirar todas las acusaciones vigentes contra Abdallah Banda Abakaer Nourain, excomandante de un grupo rebelde en Sudán. El Ministerio Público de dicho tribunal concluyó que, tras el paso de los años, las pruebas recopiladas ya no tienen la fuerza necesaria para sostener un juicio por crímenes de guerra.

Según explicaron los persecutores del organismo internacional, el transcurso del tiempo debilitó la base del caso de manera significativa. Entre los motivos principales de este desgaste se encuentra la imposibilidad de contar con diversos testigos, el rechazo de otros a cooperar con el proceso y las dudas surgidas sobre la credibilidad de declaraciones clave. A esto se sumó la obtención de nuevos antecedentes de carácter exculpatorio que restaron peso a las imputaciones iniciales.

La solicitud de desistimiento de cargos fue presentada originalmente de manera reservada. La Fiscalía del tribunal recalcó que esta decisión responde a un análisis objetivo de las pruebas, cumpliendo con el deber de llevar a juicio únicamente las causas donde exista la certeza probatoria requerida. Si el tribunal acepta la petición, el proceso contra Banda terminará, aunque la institución mantiene la facultad de presentar nuevas acciones en el futuro si aparecen nuevos elementos de convicción.

Banda, quien se desempeñó como comandante en jefe del Movimiento por la Justicia y la Igualdad, enfrentaba tres cargos por crímenes de guerra cometidos en septiembre de 2007. Las acusaciones se originaron tras un asalto armado contra la base militar de Haskanita de la Unión Africana, en la región de Darfur, que incluyó atentados contra misiones de paz, saqueos y violencia extrema. El tribunal de La Haya había emitido una orden de detención en su contra en el año 2014 para asegurar su comparecencia.

Originalmente, el caso también involucraba a otro líder militar de la zona, Saleh Mohammed Jerbo Jamus, quien enfrentaba las mismas imputaciones por el ataque a la base de paz. Sin embargo, el proceso penal en su contra fue archivado de forma definitiva en el año 2013 tras confirmarse su fallecimiento.

La fiscal adjunta de la CPI, Nazhat Shameem Khan, admitió que la decisión causa un impacto en las víctimas que han esperado justicia por casi dos décadas. No obstante, recalcó que la fiscalía tiene la obligación legal de actuar con absoluta responsabilidad probatoria. Asimismo, aclaró que esta decisión es de carácter individual y no afecta las demás investigaciones que realiza el tribunal sobre las atrocidades cometidas en Darfur, ni los análisis sobre los conflictos armados vigentes en Sudán.

Cabe señalar que Sudán no es un país firmante del Estatuto de Roma, el tratado fundador de la Corte Penal Internacional. Pese a esto, el tribunal posee jurisdicción sobre la región de Darfur debido a una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del año 2005, la cual derivó por primera vez una situación de este tipo a la justicia internacional para investigar denuncias de genocidio, crímenes de lesa humanidad y abusos de guerra.

Vea texto de la resolución.