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Actualidad Internacional

En virtud del Convenio de La Haya sobre Adopción

Expertos de la ONU solicitan investigar adopción ilegal de niños indígenas en Guatemala

Enfatizaron en la necesidad de esclarecer el rol de funcionarios públicos en el traslado de menores al extranjero y garantizar que las familias afectadas accedan a mecanismos de reparación y justicia, en el marco de los compromisos adquiridos por el país en el Convenio de La Haya.

Por LUIS EDWARDS TAPIA·21 de febrero de 2026·1 min de lectura
imagen: humanium
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Relatores de la Organización de las Naciones Unidas emitieron un pronunciamiento oficial donde manifiestan su preocupación por la gestión de procesos de adopción internacional en Guatemala. El documento señala la existencia de denuncias relacionadas con el traslado de niños indígenas hacia el exterior sin el cumplimiento de las garantías legales. Los expertos recalcaron que estas prácticas podrían constituir infracciones a las normativas internacionales sobre trata de personas y desaparición forzada.

El comunicado apunta directamente a la actual Fiscal General, María Consuelo Porras, a quien se vincula con la administración de un hogar temporal en el año 1982. Según los antecedentes expuestos, durante su gestión en dicho centro, al menos 80 menores habrían sido entregados en adopción. Ante estos señalamientos, el Ministerio Público de Guatemala emitió una respuesta formal rechazando las acusaciones y calificando la información como carente de sustento fáctico.

El contexto histórico de estas irregularidades se sitúa en el periodo de guerra civil que atravesó el país entre 1960 y 1996. Durante este tiempo, diversos mecanismos estatales y privados habrían facilitado la salida de niños huérfanos o separados de sus familias biológicas mediante métodos que incluían el engaño o la coacción. No fue hasta el año 2007 cuando Guatemala ratificó el Convenio de La Haya y aprobó el Decreto 77-2007 para establecer controles más estrictos en la materia.

La ONU hizo un llamado a las instituciones encargadas de los actuales procesos de selección judicial en el país para que consideren estos antecedentes. El organismo subrayó la importancia de mantener la independencia judicial, especialmente en momentos en que se definen cargos para la Corte de Constitucionalidad y la jefatura del Ministerio Público. El pronunciamiento concluye que es una obligación estatal asegurar el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia mediante procesos penales y garantías de no repetición.

Vea texto de la declaración.

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