Estudio revela que profesores de derecho en EE.UU. evitan exponer opiniones políticas en aulas por miedo a ser “funados”

Una reciente encuesta aplicada a cerca de 2 mil docentes de facultades de derecho en Estados Unidos determinó que existe un respaldo mayoritario a la libertad de expresión, pero que surgen dificultades severas al momento de ejercerla en los recintos académicos. El informe, elaborado por la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión, expone que el 56% de los entrevistados evita manifestar sus opiniones en ciertas ocasiones por temor a las represalias o reacciones de alumnos, colegas y autoridades universitarias. Esta cifra supera el registro de una medición similar realizada a profesores de otras disciplinas universitarias, donde el nivel de autocensura alcanzó el 27%.

El análisis de los datos revela que la presión para omitir comentarios varía según la postura política de los académicos. El porcentaje de profesores que se autocensura se eleva al 72% en el sector conservador, mientras que en el grupo moderado llega al 60% y en el sector liberal se sitúa en el 50%. Estos resultados coinciden con la percepción general de que los planteles de derecho muestran una inclinación hacia posturas progresistas.

El documento también detalla la percepción del entorno laboral e institucional. Un 81% de los consultados estima que una persona con ideas de izquierda o liberales se adaptaría sin problemas en su facultad, una cifra que cae al 44% cuando se evalúa la integración de un profesional de tendencia conservadora.

Asimismo, el 61% de los docentes de derecha califica el ambiente político de su escuela como hostil hacia sus convicciones, situación que solo reporta el 11% de sus pares liberales. Esta diferencia incide en la estabilidad laboral, ya que los profesores conservadores triplican en probabilidad a los liberales al momento de ocultar sus afinidades políticas para asegurar la continuidad en sus puestos de trabajo.

Respecto a la labor pedagógica, el 85% de los encuestados sostiene que las expresiones consideradas ofensivas por algunos sectores, pero que se emplean con intenciones educativas, deben estar resguardadas de forma completa por las garantías constitucionales de la Primera Enmienda. El estudio recopiló la información de 1.959 académicos pertenecientes a 192 facultades de derecho que cuentan con la acreditación de la Asociación de Abogados de Estados Unidos.

Vea texto del estudio.