Estados de EE.UU. demandan al gobierno federal por modificaciones en política de vacunación infantil

Una coalición integrada por catorce fiscales generales estatales y la gobernación de Pensilvania ha formalizado una acción judicial ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California. La acción está dirigida contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), impugnando la reciente reestructuración del calendario federal de inmunización infantil.

La controversia se origina tras la firma de un memorando administrativo que modificó la clasificación de siete vacunas, trasladándolas desde un estatus de recomendación universal hacia un esquema de toma de decisiones clínicas compartidas.

La argumentación de los demandantes se fundamenta en tres ejes relativos a la Ley de Procedimiento Administrativo. En primer término, sostienen que el cambio de política carece de una explicación técnica suficiente y que se prescindió de la participación del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP).

En segundo lugar, la denuncia plantea una posible infracción a diversas normativas federales, como la Ley de Atención Médica Asequible y la Ley de Medicaid, bajo la premisa de que la autoridad legal para determinar los calendarios de vacunación recae estatutariamente en el mencionado comité asesor y no de forma exclusiva en la dirección de los CDC.

El tercer aspecto de la demanda cuestiona la validez jurídica de la renovación total de los miembros del ACIP efectuada a mediados de año. Los estados recurrentes afirman que dicha medida contravino la Ley del Comité Asesor Federal, la cual exige que estos organismos mantengan un equilibrio representativo y operen sin influencias indebidas. Desde el Ejecutivo, se ha indicado que la revisión respondió a un análisis comparativo de estándares internacionales de inmunización y se aseguró que la cobertura financiera de las vacunas por parte de los seguros y programas estatales se mantendrá inalterada pese al cambio de categoría.

En términos de perjuicios económicos y administrativos, los estados demandantes exponen ante el tribunal que la modificación del calendario requiere una actualización forzosa de sus marcos regulatorios internos. Asimismo, el libelo advierte sobre un potencial incremento en los costos operativos de los sistemas de salud pública y de Medicaid ante posibles variaciones en la incidencia de enfermedades prevenibles. Esta acción judicial se suma a otros litigios vigentes en territorio estadounidense que analizan las competencias estatales y federales en materia sanitaria y recomendaciones de salud pública.

Vea texto de la demanda.