Estado de Alabama (EE.UU) establece reglas éticas para abogados que utilizan inteligencia artificial

La entidad reguladora de la abogacía en el Estado de Alabama (Estados Unidos) emitió una guía ética actualizada para delimitar el uso de la inteligencia artificial generativa en la práctica del derecho. La normativa aclara que, si bien la tecnología no crea deberes profesionales inéditos, reconfigura las obligaciones tradicionales referentes a la confidencialidad de los datos y el cobro de honorarios razonables. Se enfatizó que los profesionales mantienen la responsabilidad integral del trabajo realizado para los clientes, sin importar si utilizaron herramientas digitales en su elaboración.

Entre los requisitos fijados, la institución dispone que cada abogado debe contrastar personalmente cualquier cita legal o precedente provisto por sistemas automatizados frente a bases de datos jurídicas oficiales comparables antes de presentar escritos ante los tribunales. Esta medida busca evitar que lleguen a los expedientes judiciales antecedentes falsos o inventados por la IA, manteniendo el rigor de las presentaciones ante los magistrados.

La emisión de estos criterios responde al incremento de sanciones registradas en tribunales estatales y federales por el uso inadecuado de este tipo de sistemas. Durante el año pasado, un juez federal impuso medidas disciplinarias al socio de una firma jurídica tras detectar jurisprudencia inexistente en sus escritos. Asimismo, la máxima corte del estado descartó un recurso de apelación y sancionó a otro profesional que ingresó escritos respaldados en fallos simulados por inteligencia artificial.

Respecto al resguardo de la información sensible, el organismo alertó que ingresar antecedentes de los clientes en plataformas digitales abiertas puede vulnerar el secreto profesional, un tema que aún carece de un criterio judicial unificado. Ante este riesgo, la directriz aconseja la utilización de sistemas corporativos o de red cerrada, los cuales ofrecen estándares de protección superior frente a las versiones gratuitas de acceso público.

En el ámbito económico y de facturación de servicios, la regulación habilita el cobro por el tiempo efectivamente destinado a revisar, corregir y aplicar el juicio profesional a los borradores procesados por las aplicaciones. Sin embargo, prohíbe de forma explícita el cobro de horas simuladas que se habrían requerido en ausencia de la herramienta digital, subrayando que la eficiencia operacional no justifica un aumento inflado en el valor comercial final de los honorarios.

Las determinaciones adaptadas por esta jurisdicción se alinean con la tendencia observada en distintos colegios de profesionales del país, los cuales evitan prohibir la incorporación de tecnología en la labor legal diaria, exigiendo en su lugar que el uso de estas soluciones digitales se efectúe con competencia profesional, supervisión directa y de manera responsable.

Vea texto de la guía.