Departamento de Justicia de EE.UU. anuncia ampliación de la pena de muerte a nivel federal

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha comunicado oficialmente la reactivación de la pena de muerte a nivel federal, anunciando que se solicitará esta condena para un total de 44 condenados. La decisión pone fin a la suspensión de ejecuciones que se mantenía desde julio de 2021 por disposición del entonces fiscal general Merrick Garland.

La nueva política, detallada en el informe Restauración y fortalecimiento de la pena de muerte federal, cuestiona los criterios de la administración anterior. Según el documento, las preocupaciones previas sobre el dolor causado por el fármaco pentobarbital carecen de sustento científico suficiente. El Departamento de Justicia sostiene ahora que este método cumple con los requisitos legales y constitucionales establecidos por la Corte Suprema de Justicia en el caso Bucklew v. Precythe.

Debido a las dificultades para adquirir las sustancias necesarias para la inyección letal, el gobierno ha autorizado el uso de métodos alternativos. Estos incluyen el fusilamiento, la electrocución o la asfixia con nitrógeno. Esta situación se deriva en gran medida de las restricciones impuestas por la Unión Europea a la exportación de estos medicamentos y la negativa de diversos laboratorios estadounidenses a suministrarlos para fines de ejecución.

El fiscal general interino, Todd Blanche, señaló que la medida busca restablecer la aplicación de la ley y el apoyo a las víctimas de crímenes graves. Como parte de este plan, se ha ordenado a la Oficina de Prisiones que amplíe las instalaciones destinadas a los condenados a muerte o construya un nuevo corredor federal. Además, se plantean cambios normativos para acelerar las revisiones de hábeas corpus y restringir el tiempo en que los reclusos pueden solicitar clemencia.

Aunque cinco estados en la actualidad permiten el fusilamiento, Idaho, Misisipi, Oklahoma, Carolina del Sur y Utah, el gobierno federal nunca ha recurrido a este método en su historia. La implementación de estas medidas representa un cambio significativo en la política criminal estadounidense, marcando un retorno a la ejecución de sentencias capitales que habían sido reducidas significativamente mediante conmutaciones durante el gobierno anterior.

Vea informe sobre pena de muerte.