Corte Suprema de Estados Unidos protege la privacidad del historial de ubicación de Google frente a la policía

La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que la policía realiza una búsqueda protegida por la Cuarta Enmienda cuando accede al historial de ubicación de Google de una persona. La decisión es relevante para las investigaciones penales que utilizan datos de geolocalización, aunque el tribunal no decidió todavía si la orden usada en este caso fue válida ni si la prueba obtenida podrá ser utilizada en juicio.

El caso, conocido como “Okello T. Chatrie v. United States”, llegó al máximo tribunal luego de que se cuestionara la forma en que la policía obtuvo el Location History de Google. La Corte Suprema revocó la decisión de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito y sostuvo que acceder a ese tipo de información constituye una búsqueda en sentido constitucional.

Los hechos se originaron en un robo cometido en mayo de 2019 en una cooperativa de crédito ubicada en Midlothian, Virginia. La policía no tenía identificado a un sospechoso, pero las cámaras de seguridad mostraban al autor del robo acercándose al lugar mientras parecía hablar por teléfono. Con ese antecedente, los investigadores solicitaron una orden dirigida a Google para obtener información de los celulares ubicados dentro de un radio de 150 metros alrededor del banco durante un horario determinado.

La orden se ejecutaba en tres etapas. Primero, Google debía entregar datos anónimos de todos los teléfonos ubicados dentro de ese perímetro. Luego, la policía podía reducir la lista y pedir más información, todavía anónima, sobre los movimientos de esos teléfonos dentro y fuera del área. Finalmente, podía solicitar los datos personales —nombre, correo electrónico y número telefónico— de un grupo más reducido de usuarios. Ese procedimiento permitió identificar a tres personas, entre ellas al imputado en el proceso penal.

La discusión ante la Corte Suprema no fue si el imputado cometió o no el robo, sino si la forma en que la policía llegó hasta él respetó la Constitución. La mayoría sostuvo que, cuando el Estado exige a Google entregar el historial de ubicación de una persona, accede a un ámbito protegido por la Cuarta Enmienda.

Para el tribunal, una persona mantiene una expectativa razonable de privacidad sobre los datos que muestran dónde ha estado su teléfono celular, incluso si esa información está almacenada por una empresa tecnológica y aunque el período revisado sea breve.

El Gobierno sostuvo que el imputado había perdido esa privacidad porque activó el servicio y permitió que Google recolectara sus datos de ubicación. La Corte rechazó ese argumento. Señaló que usar normalmente un teléfono inteligente no equivale a autorizar al Estado para acceder libremente a información privada.

La sentencia se apoya en el precedente “Carpenter v. United States”, en que la Corte ya había reconocido protección constitucional frente al acceso estatal a datos de ubicación celular. Sin embargo, en este caso el análisis se centró en el historial de ubicación de Google, una herramienta mucho más precisa que otros registros telefónicos.

Según el fallo, el Location History puede ubicar a una persona con una aproximación de 20 metros, registrar movimientos cada dos minutos e incluso estimar en qué piso de un edificio se encuentra un teléfono. Para la Corte, esa precisión permite reconstruir los desplazamientos de una persona casi sin esfuerzo.

Por esa razón, el tribunal comparó el historial de ubicación con una especie de diario personal de movimientos. A su juicio, esos datos pueden ser tan privados como correos electrónicos, documentos, fotografías o calendarios guardados en la nube.

La Corte también rechazó que dos horas de seguimiento fueran demasiado poco tiempo para activar la protección constitucional. Explicó que incluso un seguimiento breve puede revelar relaciones familiares, políticas, profesionales, religiosas o sexuales. Además, cuando el Estado accede a una base de datos capaz de reconstruir la vida diaria de una persona, el problema constitucional no desaparece solo porque los agentes revisen una parte limitada de esa información.

Con todo, la Corte Suprema no resolvió completamente el caso. Dejó a la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito la tarea de determinar si la orden usada contra el imputado cumplía con los requisitos de causa probable y precisión. En otras palabras, la Corte dijo que hubo una búsqueda protegida por la Constitución, pero no decidió aún si esa búsqueda fue razonable ni si la prueba debe quedar excluida del juicio.

En una opinión concurrente, una integrante del tribunal fue más estricta. A su juicio, al menos la segunda y la tercera etapa de la orden no cumplían con la Constitución, porque entregaban demasiada libertad de decisión a la policía y dejaban poco control en manos de un juez neutral. Según esa opinión, la orden no fijaba criterios claros para decidir qué usuarios serían revisados con mayor profundidad.

Otro integrante del tribunal llegó al mismo resultado, aunque por un camino distinto. Para él, el caso podía resolverse desde una lectura más tradicional de la Cuarta Enmienda, que protege los “papeles” y “efectos” personales. Bajo esa mirada, el historial de ubicación puede entenderse como una forma de propiedad digital del usuario, aunque esté guardado en servidores de Google.

Las disidencias cuestionaron el alcance del fallo. Uno de los disidentes sostuvo que la mayoría amplió demasiado el precedente “Carpenter” y que la decisión tenía un efecto práctico limitado para el imputado, porque aún debía analizarse si correspondía aplicar la excepción de buena fe. Otra integrante disidente estimó que el imputado no tenía una expectativa razonable de privacidad sobre datos de movimientos públicos que, según su postura, entregó voluntariamente a Google.

El fallo también menciona un cambio tecnológico posterior a los hechos. En julio de 2025, Google modificó la forma de almacenar el historial de ubicación. Desde entonces, esos datos pasaron a guardarse en los dispositivos de los usuarios y no en los servidores de la empresa. Según Google, ese cambio le impide responder órdenes de geovallado como la utilizada en esta investigación.

Aun así, la sentencia deja abierto un debate que va más allá de Google. La vida diaria depende cada vez más de aplicaciones, mapas y servicios en la nube. Para la Corte Suprema de Estados Unidos, esa realidad tecnológica no permite tratar la geolocalización como un espacio sin privacidad.

Vea sentencia Corte Suprema de EE. UU.