Corte Suprema Argentina ordena Plan Integral contra Incendios en el Delta del Paraná

La Corte Suprema Federal de Argentina condenó al Estado Nacional, a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, y a los municipios de Rosario y Victoria a ejecutar el PIECAS-DP para enfrentar la quema recurrente de pastizales. La decisión llega tras las más de 328 mil hectáreas quemadas en 2020, un episodio que afectó gravemente el ecosistema y la salud de la población.

Entre enero y septiembre de 2020 se quemaron 328.995 hectáreas en el Delta del Río Paraná, equivalente al 14% del territorio contemplado en el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible (PIECAS-DP). Los incendios alcanzaron zonas de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos y, según datos oficiales, arrasaron 173.816 hectáreas de áreas naturales protegidas, 2.402 hectáreas de bosque nativo, 1.768 hectáreas de bosque nativo categoría rojo, 290.003 hectáreas de zonas ganaderas y 300 hectáreas de forestaciones, además de afectar 289 hectáreas con plantaciones de sauce y 11 de álamos.

Frente a esta situación, la Asociación Equística Defensa del Medio Ambiente demandó al Estado Nacional, a las provincias involucradas y a los municipios de Rosario y Victoria para que se ordenara el cese inmediato de los incendios en las islas frente a Rosario y se adoptaran medidas para erradicar de manera definitiva la quema ilegal de pastizales. La organización advirtió que el fenómeno se repite año tras año y que en 2020 generó un escenario crítico por el humo y hollín que afectó a la población y al ambiente sano, señalando además que la mayoría de las islas corresponden a jurisdicción de Entre Ríos, específicamente a la municipalidad de Victoria.

En agosto de 2020, la Corte Suprema asumió competencia originaria y ordenó trasladar la acción a los demandados, incorporando como tercero a Buenos Aires por considerar que la controversia también la alcanzaba. El tribunal dispuso además una medida cautelar para constituir de manera inmediata un Comité de Emergencia Ambiental (CEA) en el marco del PIECAS-DP, con el objetivo de prevenir, controlar y cesar los incendios irregulares.

Tras el avance del proceso, la Corte condenó al Estado Nacional, a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, y a los municipios de Rosario y Victoria a implementar y ejecutar el PIECAS-DP ante la continuidad de las quemas. Los ministros señalaron que el acuerdo interjurisdiccional vigente desde 2008 constituye el marco adecuado para coordinar políticas preventivas entre las autoridades. Destacaron que uno de los objetivos centrales del plan es encontrar soluciones efectivas para los incendios en un humedal ambientalmente frágil, aunque advirtieron que los avances han sido insuficientes.

En sus defensas, el Estado Nacional afirmó que la responsabilidad de protección y fiscalización de los recursos naturales corresponde a las provincias, mientras que Entre Ríos sostuvo que el reclamo se habría tornado abstracto por la ausencia de focos activos y que existió una situación regional de estrés hídrico. Santa Fe argumentó que, pese a que las quemas ocurren fuera de su territorio, sus efectos la afectan y que ha implementado medidas de prevención. Buenos Aires aseguró no haber actuado ilegalmente y que elaboró un plan estratégico de prevención, mientras Rosario cuestionó su inclusión en la demanda y Victoria reconoció que gran parte de las islas se encuentra bajo su órbita, aunque sostuvo no contar con facultades para controlar los incendios.

La Corte subrayó que el cumplimiento del PIECAS-DP debe incluir la participación de municipios para garantizar un trabajo coordinado que permita regular y fiscalizar actividades potencialmente dañinas.

En el fallo se destacó que la intervención del Tribunal permitió identificar áreas afectadas, causas de los incendios, conformar el CEA y establecer compromisos de prevención, pero aclaró que el monitoreo y ejecución del plan corresponde a las autoridades políticas y no al poder judicial debido a la naturaleza cíclica del fenómeno.

Finalmente, el fallo resolvió condenar a los Estados demandados a implementar el PIECAS-DP, instalar equipamiento e infraestructura para alertas tempranas, activar la red de Faros de Conservación y ejecutar un Plan Sistemático de Control y Manejo del Fuego para el Delta, con costas para las partes condenadas.

Vea texto de la sentencia.