Corte Penal Internacional confirma su jurisdicción para juzgar a expresidente filipino Rodrigo Duterte

La Corte Penal Internacional resolvió mantener su competencia para procesar al expresidente de Filipinas, Rodrigo Roa Duterte. A través de su Sala de Apelaciones, el tribunal internacional ratificó la resolución emitida en 2025 por la Sala de Cuestiones Preliminares, la cual habilita la investigación por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.

El fallo establece que la jurisdicción del tribunal permanece vigente respecto a los hechos ocurridos en territorio filipino entre 2011 y 2019. Esta decisión se fundamenta en que Filipinas mantenía su calidad de Estado parte durante dicho periodo, desestimando que la posterior retirada del país del Estatuto de Roma, formalizada en 2018, anule la competencia de la corte para investigar los ilícitos denunciados en ese periodo.

En su argumentación jurídica, la Sala de Apelaciones analizó los artículos 12 y 13 del Estatuto de Roma junto con el artículo 127, inciso segundo. Los magistrados concluyeron que el abandono del tratado internacional por parte de un Estado no exime su deber de colaboración respecto a las indagatorias penales que comenzaron antes de que la salida entrara en vigor, ni interrumpe la tramitación de las causas que ya se encontraban bajo revisión del tribunal.

La resolución judicial enfatiza que aceptar que un país evada sus compromisos mediante una notificación de retiro, tras tomar conocimiento de investigaciones sobre crímenes cometidos en su jurisdicción o por sus ciudadanos, iría en contra del propósito del Estatuto de Roma. El tribunal sostuvo que la normativa comunitaria debe interpretarse buscando un equilibrio proporcional entre la facultad soberana de retirarse del pacto y las responsabilidades jurisdiccionales adquiridas al momento de su ratificación.

Los antecedentes del caso se remontan a septiembre de 2025, cuando la fiscalía de la Corte Penal Internacional formuló cargos contra el exmandatario por su presunta participación en múltiples homicidios perpetrados en el marco de la denominada guerra contra las drogas. El avance procesal de estas acusaciones experimentó una pausa luego de que la defensa solicitara suspender el proceso de manera indefinida, argumentando que el acusado no presentaba las condiciones de salud necesarias para enfrentar el proceso.

Dicha petición fue denegada el 26 de enero de 2026, fecha en la que el tribunal resolvió que la situación médica de Duterte no constituía un impedimento para su participación en las etapas previas al juicio. En paralelo, los abogados defensores habían presentado un recurso de incompetencia basado en la salida de Filipinas del Estatuto de Roma, pretensión que ya había sido descartada de manera preliminar en octubre del año anterior.

Tras superar estos incidentes procesales, la audiencia de confirmación de cargos se desarrolló entre el 23 y el 27 de febrero de 2026. La instancia judicial se llevó a cabo sin la presencia física del expresidente, luego de que los jueces acogieran su solicitud expresa para renunciar al derecho de asistencia. Actualmente, la Sala de Cuestiones Preliminares dispone de un plazo legal de sesenta días desde el término de la audiencia para emitir su pronunciamiento final; en caso de ratificar las acusaciones formuladas por la fiscalía, la causa avanzará hacia la etapa de juicio formal.

Vea sentencia confirmada.