Corte Constitucional de Ecuador dictamina que autoridades indígenas pueden resolver conflictos entre individuos que no pertenecen a su comunidad

La Corte Constitucional del Ecuador desestimó la acción extraordinaria de protección deducida contra la decisión de la Asamblea General de una comunidad indígena que determinó la propiedad de un terreno en disputa dentro de sus límites territoriales. Tras un análisis de los antecedentes del caso, como la revisión de actas comunales, informes periciales y la aplicación de criterios de interculturalidad, la Corte concluyó que la resolución comunal cumplía con las exigencias del debido proceso, por lo que estimó su constitucionalidad.

En 2016, la Asamblea General de la comuna convocó a varias sesiones para tratar un reclamo sobre la titularidad de un bien raíz. En la reunión resolutiva, la asamblea dispuso la restitución del terreno a favor de una de las partes, ordenó la retirada de cercas y construcciones, y dispuso la inscripción de la resolución en el Registro de Propiedad. Años después, la parte afectada promovió una acción extraordinaria de protección argumentando que las autoridades de la comuna carecían de jurisdicción porque los involucrados pertenecían a otra comunidad y que la resolución no contenía motivación suficiente que sustentara su validez constitucional.

Durante la tramitación de la causa se estableció que el terreno en disputa se encontraba dentro del territorio de la comunidad que dictó la resolución y que el conflicto había afectado la paz interna, lo que justificaba su conocimiento por la jurisdicción indígena conforme a la normativa vigente.

En su análisis de fondo, la Corte observa que, “(…) el artículo 76 de la Constitución reconoce que: “en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el debido proceso”. Lo anterior viene acompañado de una lista de garantías entre las cuales se cuenta la garantía de ser juzgada o juzgado por un juez competente e imparcial. La Corte ha establecido que, en concordancia con el artículo 57 de la Constitución, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas tienen la potestad de practicar su derecho propio, con el límite establecido por los derechos fundamentales, con autonomía”.

Agrega que, “(…) este Organismo considera importante reconocer que, en este caso en específico, aunque los comuneros en conflicto no residían en la comuna de Bucashi Tun Tun, el llaki se basó en el conflicto de propiedad sobre el predio “Condorpeña”, el cual está ubicado en dicha comuna, por lo que se afectó la armonía de esa comunidad, tal como ha sido demostrado por las autoridades comunales. De igual manera, tal como se indica en el informe pericial, existía un acuerdo con respecto al predio, el cual el accionante decidió no mantener, lo cual lo llevó a mover los linderos, construir un cerco y usar el predio Condorpeña, ubicado en la comuna de Bucashi Tun Tun”.

Comprueba que, “(…) con respecto al debido proceso en la garantía de la motivación, está Corte ha indicado que el análisis de dicha garantía en las acciones extraordinarias en contra de decisionesde la justicia indígena implica una comprensión intercultural del derecho al debido proceso y sus garantías de forma que se evite el etnocentrismo y la preponderancia de una cultura sobre otra. Así, en otras ocasiones ha determinado que: “[…] en su análisis esta Corte valorará esta garantía como un principio o valor constitucional, y no se enfocará en determinar si ésta se ha transgredido ‘[…] formal y estrictamente […]’”.

La Corte concluye que, “(…) la decisión de la comuna de Bucashi Tun Tun se adecua a los elementos de la motivación suficiente para las acciones extraordinarias de protección en contra de decisiones de la justicia indígena, puesto que cuenta con una fundamentación normativa y fáctica suficientes, dentro de los parámetros establecidos por este Organismo para estas acciones. Por lo consiguiente, se concluye que la decisión de justicia indígena impugnada no vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de la Motivación”.

Al tenor de lo expuesto, la Corte desestimó la acción en todas sus partes y dictaminó la validez de la resolución dictada por la justicia indígena.

Vea sentencia Corte Constitucional de Ecuador.