Corte Constitucional de Ecuador aprueba referéndum para Asamblea Constituyente impulsado por Noboa

La Corte Constitucional de Ecuador aprobó parcialmente la solicitud del presidente Daniel Noboa para convocar un referéndum que permita la instalación de una Asamblea Constituyente. Esta decisión, emitida el 24 de septiembre de 2025, marca un momento político clave, ya que reactiva los planes de reforma institucional del gobierno a través de un nuevo órgano constituyente.

La Corte dio luz verde a la pregunta referida a si los ciudadanos están de acuerdo con que se convoque a una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución. Sin embargo, exigió al Ejecutivo realizar modificaciones sustanciales al estatuto propuesto que regula la composición, funcionamiento y duración de dicha Asamblea, al considerar que varios elementos no cumplían con los principios constitucionales vigentes.

En respuesta, el presidente Noboa emitió el Decreto Ejecutivo N.º 155, ajustando el estatuto conforme a lo requerido por el máximo tribunal. Entre los cambios principales, se estableció que la Asamblea Constituyente estará compuesta por 80 miembros:

• 24 representantes nacionales,

• 6 por circunscripciones en el exterior,

• 50 provinciales (uno por provincia, con asignación adicional según población).

Los asambleístas serán elegidos mediante listas cerradas y bloqueadas, utilizando el método D’Hondt para la asignación de escaños. Además, se estableció un régimen administrativo especial para la Asamblea, pero con sujeción a la Ley de Servicio Público y al Código del Trabajo.

La Corte aclaró que su aprobación no representa un respaldo político al fondo de la propuesta ni a la iniciativa del gobierno, sino un aval jurídico al cumplimiento de los procedimientos constitucionales. También reafirmó que una Asamblea Constituyente debe ser un mecanismo excepcional y no una herramienta de uso discrecional por el poder político de turno.

En su dictamen, el tribunal subrayó la necesidad de asegurar que la Constituyente cuente con una estructura democrática, clara en sus límites, funciones y duración. También se descartaron elementos que pudieran permitir al nuevo órgano concentrar excesivo poder o reformar aspectos fundamentales sin supervisión.

Daniel Noboa ha sostenido que esta Asamblea permitirá «reformar profundamente el Estado ecuatoriano» y «combatir estructuras corruptas enquistadas en el sistema institucional». Según el gobierno, la nueva Constitución serviría para establecer un marco legal más eficiente, reducir la burocracia, fortalecer el sistema de justicia y avanzar en políticas de seguridad.

La aprobación llega después de meses de tensión institucional. La Corte había rechazado previamente otros intentos del Ejecutivo de incluir preguntas que alteraban profundamente el ordenamiento constitucional, como la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana o el juicio político a jueces, por considerarlas incompatibles con el carácter limitado de una consulta popular.

Tras este dictamen, se espera que el Consejo Nacional Electoral convoque al referéndum en las próximas semanas, en el que los ciudadanos deberán decidir si autorizan la creación de esta Asamblea. De ser aprobado, se abriría un nuevo capítulo político en Ecuador, con un órgano soberano encargado de redactar una nueva Constitución en un plazo aún por definirse.

Este proceso tiene implicaciones profundas tanto para la gobernabilidad como para el futuro institucional del país. Sectores políticos, sociales y académicos ya han empezado a expresar posturas divididas: algunos consideran que esta Constituyente es una oportunidad histórica de renovación democrática; otros alertan sobre el riesgo de concentración de poder y falta de controles.