Consejo Constitucional de Francia aclara cuándo deben ser públicas las audiencias en procesos penales

El Consejo Constitucional de Francia dictó una sentencia que redefine los límites del principio de audiencia pública en el ámbito penal. La decisión responde a una cuestión prejudicial prioritaria que cuestionaba la constitucionalidad de los artículos 396 y 397-1-1 del Código de Procedimiento Penal, relativos al procedimiento de comparecencia diferida ante el tribunal correccional.

Estas normas permiten que, mientras se espera la comparecencia del acusado, el Ministerio Fiscal solicite diversas medidas cautelares, como la supervisión judicial, el arresto domiciliario con control electrónico o la prisión preventiva. La decisión sobre estas solicitudes recae en el juez de libertades y detención, quien celebra una audiencia no abierta al público.

El reclamo planteado ante el Consejo se centraba en que esta falta de publicidad vulneraría los principios establecidos en los artículos 6, 8, 9 y 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, los cuales reconocen que el juzgamiento de una causa penal debe desarrollarse, por regla general, en audiencia pública.

En su resolución, el Consejo Constitucional confirmó la importancia del principio de publicidad, pero precisó que su aplicación se circunscribe al tribunal encargado de resolver sobre el fondo del asunto penal. Según el tribunal, las audiencias ante el juez de libertades y detención no se refieren al juzgamiento del caso, sino a la adopción de medidas cautelares que no anticipan la decisión final sobre la responsabilidad penal del acusado.

A partir de esta distinción, el Consejo concluyó que la ausencia de publicidad en estas audiencias no contraviene las garantías constitucionales, puesto que no constituyen un juicio del fondo sino una etapa preliminar destinada a ordenar medidas de seguridad mientras se espera la comparecencia del imputado.

“Si bien el legislador puede establecer diferentes normas procesales según los hechos, las situaciones y las personas a las que se apliquen, esto está condicionado a que dichas diferencias no deriven de distinciones injustificadas y a que se aseguren garantías iguales para todos los sujetos de la ley”, señala el fallo.

“Por un lado, dada la naturaleza de los cargos que se le imputan y las condiciones en las que puede ser procesado según este procedimiento, un acusado sujeto a una comparecencia diferida se encuentra en una situación diferente a la de una persona formalmente acusada y posteriormente detenida como parte de una investigación judicial. Por lo tanto, el legislador no ha creado ninguna discriminación injustificada entre estos dos grupos”, concluye la sentencia.

Vea sentencia Consejo Constitucional de Francia.