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Compañía musical demanda a Nvidia por uso no autorizado de datos para entrenamiento de modelos de IA
La plataforma musical Jamendo acusa a la firma tecnológica de utilizar cientos de miles de archivos de audio y metadatos sin autorización para el desarrollo de sus herramientas Fugatto y Audio Flamingo. La acción judicial busca detener el uso de las obras y exige compensaciones económicas por infracción de derechos de autor en el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial.

La plataforma musical Jamendo, propiedad del conglomerado Winamp Group, ingresó una demanda ante un tribunal federal de California en contra del fabricante de microchips Nvidia, argumentando que la compañía tecnológica utilizó su catálogo de forma ilícita para el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial enfocados en el procesamiento de audio.
Según se expone en la acción judicial, Nvidia habría extraído de la plataforma cientos de miles de archivos de audio y sus respectivos metadatos. Esta información, que contiene etiquetas detalladas sobre géneros musicales, instrumentos y estados de ánimo aportadas por artistas independientes, se habría empleado para optimizar el funcionamiento de Fugatto, una herramienta destinada a la generación de sonido, y de Audio Flamingo, un modelo de lenguaje que se especializa en la descripción de elementos auditivos.
El conflicto escaló luego de que Jamendo detectara esta situación en 2024. Tras el hallazgo, la firma europea emitió facturas de cobro hacia Nvidia durante 2025 y posteriormente inició un litigio en Bélgica por infracción a la propiedad intelectual, el cual se encuentra actualmente en tramitación. Respecto a este nuevo frente judicial en Estados Unidos, el director ejecutivo enfatizó la necesidad de asegurar protección, retribución económica y reconocimiento para los autores en el contexto del desarrollo tecnológico actual.
Los demandantes buscan que la justicia dicte una orden de cese inmediato que impida a Nvidia continuar utilizando las obras musicales alojadas en su sitio web. En el ámbito económico, la acción legal solicita el pago de una indemnización compensatoria que podría llegar a un máximo de 150.000 dólares por cada una de las obras individuales cuyos derechos de propiedad intelectual resulten vulnerados.
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