CIDH: Venezuela debe garantizar el derecho al voto de connacionales que residen en el extranjero, sin distinción de su estatus migratorio.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa preocupación por los impedimentos que enfrentan las personas venezolanas que residen en el exterior para inscribirse en el registro electoral en razón de su estatus migratorio. Estos obstáculos violan los derechos políticos, afectan la integridad de la elección presidencial del 28 de julio y corroboran que el Poder Electoral carece de independencia.

La Constitución de Venezuela establece que pueden ser electoras todas las personas que hayan cumplido 18 años siempre que no estén inhabilitadas. Sin embargo, los consulados venezolanos, siguiendo instrucciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), están exigiendo una visa de residente, como única prueba válida para la inscripción en el registro electoral. Esta exigencia desconoce que millones de personas venezolanas que residen en el exterior carecen de una visa de residente, ya sea por no haber regularizado su estatus migratorio o porque cuentan con una documentación migratoria diferente, como el Permiso por Protección Temporal (en Colombia); el Permiso Temporal de Permanencia (en Perú); la Visa de Residencia Temporal de Excepción para Ciudadanos Venezolanos (en Ecuador), o la Residencia Temporal (en Chile).

Debido a la grave crisis de derechos humanos en Venezuela, al menos 7,7 millones de personas han salido forzosamente del país desde el 2015. Si bien no se conoce con exactitud cuántas de estas personas tienen más de 18 años, organizaciones de la sociedad civil estiman que alrededor de 5,5 millones de personas venezolanas que residen en el extranjero estarían habilitadas para votar. Esto implica que un número significativo de potenciales votantes en el extranjero podría ver afectado su derecho a la participación política al no poder inscribirse en el registro electoral.