Carolina del Norte (EE.UU) prohíbe financiación de juicios civiles por parte de terceros ajenos al litigio

El Estado de Carolina del Norte ha marcado un hito en el sistema judicial de Estados Unidos al convertirse en la primera jurisdicción del país en prohibir de manera absoluta que personas o empresas externas financien juicios civiles. Esta medida se concretó luego de que el gobernador demócrata Josh Stein promulgara la Ley 315 de la Cámara de Representantes, denominada oficialmente como Ley de Prohibición de Inversiones en Litigios.

La norma legaliza la restricción total para que cualquier entidad provea fondos con fines de lucro a las partes de una demanda o a sus abogados en el territorio estatal. La nueva legislación otorga herramientas directas a las autoridades locales para controlar esta práctica. El fiscal general de Carolina del Norte quedó facultado para iniciar acciones legales en contra de quienes infrinjan la prohibición.

Además, el texto legal establece un mecanismo de compensación para los afectados, quienes podrán exigir judicialmente el cobro de daños y perjuicios equivalentes al triple de la suma total que el inversionista externo pretendía destinar al litigio. El proyecto de ley avanzó en el congreso estatal con un sólido respaldo político de carácter bipartidista, a pesar de que ambas cámaras legislativas están controladas por la mayoría republicana.

Durante las votaciones finales, la propuesta fue aprobada de forma unánime en la Cámara de Representantes, mientras que en el Senado estatal se registró solamente un voto en contra antes de ser despachada al poder ejecutivo para su firma formal. Esta reforma en Carolina del Norte surge tras el estancamiento de diversas iniciativas en el Congreso federal destinadas a regular un negocio que actualmente moviliza miles de millones de dólares.

Mientras la Cámara de Comercio de Estados Unidos y gremios empresariales locales celebraron la prohibición al considerarla una protección frente a intereses comerciales especulativos en la justicia, otros estados como California, Colorado e Illinois avanzan en proyectos paralelos pero menos restrictivos, enfocados únicamente en limitar la influencia de estos inversionistas en el ejercicio de la abogacía.

Vea texto de la ley.