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16 puntos de bloqueos activos.
Bolivia: Ante creciente conflictividad, CIDH alerta sobre impactos en derechos humanos y llama a priorizar el diálogo.
Desde el inicio de las protestas, la RELE ha recibido denuncias de al menos 30 agresiones contra periodistas y trabajadores de la prensa que cubrían los hechos, tanto de medios públicos como privados. Estas agresiones incluyen retenciones, ataques físicos, robo y destrucción de equipos, amenazas y restricciones a la cobertura periodística, así como señalamientos estigmatizantes que buscarían deslegitimar su labor.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus Relatorías Especiales para la Libertad Expresión (RELE) y sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) advierten impactos a los derechos humanos y la gobernabilidad derivados de la conflictividad social en Bolivia. El Estado debe respetar y garantizar los derechos humanos en el contexto de protestas, y fortalecer los espacios democráticos para la resolución de las controversias a través del diálogo.
El 17 de septiembre, una facción del Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) inició protestas exigiendo el reconocimiento del liderazgo del expresidente Evo Morales, entre otras demandas. Después de una pausa, las protestas reiniciaron el 14 de octubre, adoptando la modalidad de bloqueos de carreteras. Ello, tras el anuncio de procesos penales contra el expresidente por posibles casos de abuso sexual, trata y tráfico de niñas. Los bloqueos se intensificaron el 27 de octubre, tras una denuncia de ataque armado contra el vehículo que le transportaba. Al respecto, el Estado indicó que esos hechos se dieron en un operativo policial, lo cual habría sido reconocido por el expresidente Morales.
Al 4 de noviembre, la Administradora Boliviana de Carreteras reportó 16 puntos de bloqueos activos –15 de estos, en Cochabamba–. Los bloqueos han dificultado el tránsito de ambulancias; productos alimenticios básicos como arroz y harina, así como el acceso a servicios médicos y suministros esenciales, incluyendo cisternas de combustible. Según información del Estado, las personas que participaron en los bloqueos portarían explosivos y armas caseras. Ante la conflictividad social, el Tribunal Supremo Electoral postergó la elección de autoridades judiciales para el día 15 de diciembre.
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