Actualidad Internacional
Estado es garante de su bienestar.
Autoridades deben proteger los derechos de las mujeres privadas de libertad en recintos carcelarios, resuelve un tribunal argentino.
La autoridad penitenciaria no puede evadirse de dicha responsabilidad invocando recursos económicos y materiales limitados, ya que el Estado en su función de garante debe diseñar y aplicar una política penitenciaria de prevención de situaciones críticas que pondría en peligro los derechos fundamentales de los internos en custodia.

La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (Argentina) desestimó el recurso de apelación deducido contra un fallo que ordenó el mejoramiento de las condiciones carcelarias de las reclusas de un centro penitenciario, tras constatarse que habitaban el recinto en pésimas condiciones, en el sector destinado al aislamiento. Dictaminó que es deber de las autoridades cautelar los derechos de las personas privadas de libertad.
Según los hechos narrados, el juez de instancia acogió un habeas corpus deducido en favor de las reclusas por presuntos problemas de habitabilidad. En este contexto, se denunció que algunas mujeres eran enviadas a aislamiento en condiciones paupérrimas, a pesar de no cometer faltas disciplinarias. El juez de instancia acogió la solicitud, por lo que ordenó el mejoramiento de las condiciones de vida de la población carcelaria.
El servicio penitenciario apeló el fallo, aduciendo que los sectores aislamiento no solo se utilizaban en determinadas oportunidades para evitar un mayor por un estado de alteración que podía o no llevar sanción, sino que también cumplían la función de apaciguar situaciones que no necesariamente resultaban ser violentas. En este sentido, aseguró que no permitir la utilización de estos alojamientos resultaría ser perjudicial para el bienestar y seguridad de las internas, ya que su uso era solo preventivo y transitorio para evitar un mal mayor.
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