Ganaderos recurren por ataques de jaurías que han causado millonarias pérdidas en Tierra del Fuego

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas declaró admisible un recurso de protección presentado por un grupo de ganaderos de Tierra del Fuego contra seis organismos públicos.

Los productores sostienen que las autoridades no han actuado de manera coordinada para controlar los ataques de jaurías de perros asilvestrados contra el ganado en las zonas rurales de la Región de Magallanes.

El recurso fue presentado contra las municipalidades de Porvenir, Timaukel y Primavera, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes, la Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

Los ganaderos acusan a estos organismos de una omisión ilegal y arbitraria, debido a que no habrían ejercido adecuadamente sus facultades de fiscalización, prevención y control.

La acción busca que la justicia ordene medidas urgentes frente a las pérdidas económicas, los riesgos para la salud y el daño ambiental provocado por los llamados perros baguales.

Los recurrentes aclararon que no pretenden que los animales sean eliminados o sometidos a una eutanasia masiva. Su objetivo es que las autoridades apliquen de manera efectiva los planes de control contemplados en la legislación.

El recurso fue motivado por una serie de ataques ocurridos durante junio de 2026. En el sector costero de Porvenir, las jaurías mataron a más de 60 ovejas madres que estaban preñadas, en predios como la parcela La Regalona y la estancia Silvana María.

Pocos días después, otros perros atacaron la estancia San Carlos, ubicada en la comuna de Primavera, donde murieron 43 ovinos.

Según los ganaderos, estos hechos demuestran que el problema se está extendiendo desde el sur hacia el norte de la Isla Grande de Tierra del Fuego.

La presentación sostiene que no se trata de hechos aislados. Datos del Servicio Agrícola y Ganadero indican que entre 2012 y 2025 se registraron 170 denuncias por ataques de animales carnívoros en la Región de Magallanes.

Esos ataques afectaron a cerca de 4.950 animales y más del 80% de los daños habría sido provocado por perros asilvestrados.

Los productores sostienen que las pérdidas económicas son millonarias. Una de las empresas afectadas calculó perjuicios superiores a $650 millones durante el período analizado.

A ello se suma una fuerte disminución en la cantidad de crías obtenidas por cada grupo de ovejas reproductoras y el decomiso de carne de corderos que quedaron mutilados durante los ataques.

Otro ganadero explicó que la gravedad de los hechos lo obligó a abandonar temporalmente su estancia de invernada y arrendar otros terrenos, lo que significó un costo muy elevado.

Los recurrentes afirman que esta situación afecta su derecho de propiedad y su libertad para desarrollar una actividad económica.

También advierten que las jaurías representan un riesgo para la salud pública y para la seguridad de los trabajadores rurales.

Según el recurso, los perros baguales pueden transmitir enfermedades de los animales a las personas y podrían poner en peligro los avances logrados en Magallanes para controlar la hidatidosis.

La acción también denuncia un daño a la fauna silvestre de la Patagonia, ya que las jaurías atacan especies protegidas como guanacos, pudúes y canquenes colorados.

El recurso explica las responsabilidades que, a juicio de los ganaderos, cada uno de los organismos demandados ha dejado de cumplir.

Respecto de las municipalidades de Porvenir, Timaukel y Primavera, se sostiene que no han fiscalizado ni aplicado eficazmente las ordenanzas dictadas conforme a la Ley N°21.020, sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía.

Según los recurrentes, los municipios han concentrado sus esfuerzos en las zonas urbanas y no han realizado adecuadamente el rescate, registro e identificación de perros en los sectores rurales.

La Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes es cuestionada por no adoptar suficientes medidas para evitar ataques contra personas y controlar posibles focos de enfermedades transmitidas por animales.

Al Servicio Agrícola y Ganadero se le reprocha no haber entregado el apoyo técnico necesario ni haber diseñado estrategias conjuntas para controlar el problema y proteger la fauna nativa, a pesar de haber comprobado en terreno los daños en varias oportunidades.

El recurso también fue dirigido contra el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, organismo que comenzó a funcionar en la región durante 2025.

Los ganaderos sostienen que este servicio no ha elaborado ni ejecutado los planes para prevenir, controlar y eliminar especies exóticas invasoras, contemplados en la Ley N°21.600.

Según la presentación, las jaurías de perros asilvestrados representan una amenaza directa para áreas protegidas, como el Parque Nacional Yendegaia.

Los recurrentes reiteraron que no buscan una matanza masiva de perros ni medidas contrarias al bienestar animal, pues esos métodos están prohibidos por la legislación civil y penal.

En cambio, piden que la Corte ordene a los organismos públicos elaborar y aplicar un plan de acción concreto, coordinado y eficaz.

Entre las medidas propuestas se encuentran la captura de los animales, su esterilización, reubicación y la aplicación de sanciones a los dueños que incumplan las normas de tenencia responsable.

Después de declarar admisible el recurso, la Corte de Punta Arenas solicitó informes a los seis organismos públicos cuestionados.

Además, la secretaría del tribunal dejó bajo custodia un dispositivo pendrive presentado como prueba por los ganaderos, el cual contiene videos de las matanzas de ovejas ocurridas en Tierra del Fuego.

Vea texto recurso de proteccióny resolución Corte de Punta Arenas Rol N° Protección-341-2026.