Corte Suprema cuestiona reasignación docente adoptada sin fundamentos y fuera del plazo legal establecido

La Corte de Apelaciones de Concepción acogió el recurso de protección interpuesto por un profesor en contra de la Municipalidad de Santa Bárbara, al estimar que la reasignación de funciones decretada por el municipio careció de una debida motivación y se adoptó en una fecha contraria a la normativa que regula las adecuaciones de dotación docente.

El recurrente sostuvo que el decreto municipal que dispuso su reasignación vulneraba sus derechos fundamentales, por cuanto carecía de una motivación suficiente que explicara las razones concretas de la medida, limitándose a citar normas generales y el PADEM 2025. Añadió que la decisión desconocía el artículo 22 de la Ley N°19.070, que establece que cualquier variación de la dotación docente solo puede regir desde el inicio del año escolar siguiente, por lo que la modificación aplicada en septiembre de 2025 resultaba ilegal y arbitraria.

Por su parte, la Municipalidad de Santa Bárbara informó que la reasignación de funciones se adoptó en el marco del proceso de reorganización de la dotación docente previsto en el artículo 22 del DFL N°1 y en el PADEM 2025, enfatizando que el acto cuestionado era válido, se encontraba debidamente motivado y había sido dictado en ejercicio de atribuciones legales. Agregó que la medida no afectaba las remuneraciones ni la calidad de docente titular del afectado, e indicó además que el recurso de protección no era la vía idónea para impugnar decisiones de carácter laboral o funcional.

La Corte de Concepción, tras revisar los antecedentes de hecho, de derecho y las normas relevantes, recordó que los órganos de la Administración —incluida la Municipalidad recurrida— deben dictar decisiones debidamente fundadas, especialmente cuando afectan derechos de particulares, conforme a lo dispuesto en los artículos 41 y 11 de la Ley N°19.880. Enfatizó que los actos administrativos deben expresar siempre los hechos y fundamentos jurídicos que justifican la decisión adoptada, de manera que sea posible evaluar su razonabilidad y proporcionalidad.

En su análisis, la Corte advirtió que el acto municipal que dispuso la reasignación de funciones del docente carecía de una motivación suficiente, pues solo invocaba normas generales sin exponer las razones concretas que justificaban la medida. Señaló que, aunque la Municipalidad citó la facultad prevista en el artículo 22 N°5 de la Ley N°19.070 y la factibilidad contemplada en el PADEM 2025, la decisión carecía de sustento específico, ya que, “(…) no explicita las consideraciones fácticas y jurídicas concretas que hicieron necesaria la adecuación de funciones del recurrente”, configurando apenas “(…) un fundamento meramente formal, puesto que no permite conocer las razones que conducen a la necesidad de una reorganización”. Con esto subrayó que esta falta de motivación impedía evaluar la razonabilidad y proporcionalidad de la medida, especialmente porque afectaba exclusivamente al docente.

Asimismo, el tribunal destacó que la decisión municipal se dictó en una fecha contraria a la normativa que regula las variaciones de dotación docente. Recordó que el artículo 22 del DFL N°1, invocado por la propia autoridad, establece que tales modificaciones regirán a contar del inicio del año escolar siguiente, lo que implicaba que la adecuación debía materializarse en marzo de 2026 y no en septiembre de 2025. Añadió que esta contravención normativa “(…) conlleva la imperiosa necesidad de una mayor fundamentación que permita explicar la razonabilidad y proporcionalidad de la decisión adoptada, cuestión que no se cumplió acorde a lo anotado más arriba”. Concluyó que, atendido lo anterior, el actuar municipal resultaba ilegal y arbitrario, puesto que se sustentó en “fundamentos genéricos y formales” y fue dictado sin apego a las reglas sobre oportunidad y motivación que rigen a la Administración.

En mérito de lo expuesto, la Corte de Concepción acogió el recurso de protección y dejó sin efecto el acto mediante el cual la Municipalidad dispuso la reasignación de funciones del docente, ordenando que —si la autoridad estima procedente adoptar una medida similar— deberá dictar un nuevo acto administrativo debidamente fundado y ajustado a las reglas sobre motivación y oportunidad previstas en la Ley N°19.070 y en la Ley N°19.880.

Apelado este fallo, la Corte Suprema lo confirmó.

Vea sentencia Corte Suprema Rol N°50944-2025 y Corte de Concepción Rol N°4259-2025 (Protección).