Corte de Santiago anula destitución de funcionario por falta de motivación en sumario administrativo

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección interpuesto en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina, dejando sin efecto las resoluciones que dispusieron la destitución de un funcionario, al estimar que dichas decisiones carecieron de la debida fundamentación y resultaron arbitrarias, vulnerando su derecho a la igualdad ante la ley.

El recurrente expuso que fue sancionado con la medida disciplinaria de destitución mediante las Resoluciones N°163/2025 y N°204/2025, dictadas en el marco de un sumario administrativo iniciado tras verificarse que, mientras hacía uso de licencia médica con reposo total, viajó al extranjero. Señaló que la autoridad no ponderó los antecedentes médicos acompañados, omitió abrir un término probatorio solicitado y desatendió elementos relevantes de su defensa, como su buen desempeño laboral y las circunstancias personales que motivaron su tratamiento de salud mental.

Por su parte, la Corporación Municipal solicitó el rechazo del recurso, alegando que el procedimiento disciplinario se ajustó a derecho, respetando las etapas del debido proceso administrativo. Sostuvo que la conducta del funcionario constituía una infracción grave al principio de probidad administrativa, lo que hacía procedente la sanción de destitución, sin margen para considerar atenuantes, y que el recurso de protección no era la vía idónea para revisar el mérito de una decisión adoptada en un procedimiento reglado.

Al analizar el caso, la Corte de Santiago precisó que, si bien la acción de protección no está destinada a revisar el mérito de las decisiones adoptadas en un sumario administrativo, sí corresponde examinar la legalidad y razonabilidad de los actos administrativos, en particular cuando estos afectan derechos fundamentales.

El tribunal constató que la resolución que aplicó la sanción no cumplió con las exigencias de motivación, al limitarse a desestimar los descargos sin hacerse cargo de las alegaciones del funcionario ni ponderar antecedentes relevantes, como su historial laboral y la documentación médica aportada. Asimismo, advirtió inconsistencias fácticas en la decisión, al afirmar hechos no acreditados en el expediente.

En ese sentido, la sentencia señaló que la autoridad “no cumple con las exigencias de motivación del acto administrativo, ya que se limita a citar la declaración del actor (…) sin referirse a las alegaciones del servidor público ni de sus antecedentes laborales, elementos esenciales para justificar la imposición de la sanción más severa del sistema”.

Asimismo, se concluyó que la resolución que rechazó la reposición incurrió en vicios adicionales, al fundarse en argumentos ajenos a las defensas del recurrente, evidenciando una falta de análisis concreto del caso.

En esa línea, la Corte determinó que la actuación de la autoridad resultó arbitraria e ilegal, al no justificar adecuadamente la proporcionalidad de la sanción de destitución ni ponderar circunstancias atenuantes, lo que derivó en una aplicación automática de la medida más gravosa del régimen disciplinario.

Por estas consideraciones, la Corte acogió el recurso de protección, dejando sin efecto las resoluciones impugnadas y ordenando a la autoridad dictar un nuevo acto administrativo debidamente fundado dentro de un plazo de 30 días hábiles, sin costas.

Vea sentencia Corte de Santiago Rol N°25.189-2025 (Protección).