TC declara inconstitucional ley sobre reubicación en Loreto y restringe potestad legislativa sobre presupuesto

El Pleno del Tribunal Constitucional resolvió declarar fundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Poder Ejecutivo en contra de la Ley 31232, que modificaba directrices para la reubicación de ciudadanos de la Zona Baja del distrito de Belén, provincia de Maynas, en Loreto. Con esta decisión, el tribunal fijó un criterio interpretativo de carácter vinculante que establece límites a la iniciativa legislativa parlamentaria en materia de gasto público.

Según la sentencia, los congresistas no podrán formular proyectos que afecten el presupuesto fiscal vigente ni que comprometan partidas presupuestarias de ejercicios posteriores. El tribunal determinó de forma explícita que "toda iniciativa parlamentaria que implique desembolsos económicos estatales quedará condicionada al cumplimiento estricto de nuevas reglas de fondo y forma".

Esta resolución reconoce lo que el tribunal denominó "la preeminencia del Ejecutivo en la conducción de las finanzas estatales". De acuerdo con el fallo, los congresistas solo podrán plantear normas con impacto económico si realizan una coordinación previa con el Poder Ejecutivo y obtienen su aval técnico. El incumplimiento de estas pautas técnicas tornará inconstitucionales los proyectos de ley que generen gasto público.

La decisión contó con el respaldo de cinco magistrados: Helder Domínguez Haro (presidente), Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, César Ochoa Cardich (ponente) y Pedro Hernández Chávez. Los magistrados Luz Pacheco Zerga y Manuel Monteagudo Valdez emitieron votos en contra de la postura mayoritaria.

Esta sentencia consolida un criterio de control constitucional sobre la iniciativa legislativa que subordina la potestad del Congreso en materia presupuestaria a un requisito de coordinación previa con el Ejecutivo, modificando así el equilibrio de funciones entre poderes en lo tocante a las finanzas públicas.