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Sentencia a cadena perpetua por secuestro en Trujillo: la expareja prófuga y las secuelas de la violencia
El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo condenó a cadena perpetua a cuatro personas por el secuestro y tortura de un empresario prestamista; una de las sentenciadas, expareja de la víctima, permanece prófuga.

Un juzgado penal especializado de Trujillo dictó sentencia condenatoria a pena de cadena perpetua contra cuatro personas implicadas en el secuestro y tortura de un empresario que se dedica al negocio de prestamistas desde hace una década en la región. La sentencia fue pronunciada hace dos semanas por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de esa ciudad.
Entre los condenados figura la expareja de la víctima, quien actualmente se encuentra en condición de prófuga. Los demás integrantes de lo que se conoce como la banda "Los Pulpos" también fueron sentenciados a pena privativa de libertad de por vida. El cabecilla del grupo, identificado como Jhonsson Smit Cruz Torres, alias "Jhonsson Pulpo", lideró la operación delictiva.
El caso revela un delito que trasciende el ámbito patrimonial. El secuestro calificado, tipificado en la normativa penal peruana, constituye un delito grave que afecta derechos fundamentales como la libertad personal y la integridad física. La tortura infligida durante el cautiverio amplía la gravedad de los hechos y genera responsabilidad penal en múltiples tipos penales.
La víctima ha expresado que aunque ha alcanzado un objetivo parcial con las condenas, las secuelas psicológicas y físicas del encierro persisten. La permanencia en prófugía de uno de los condenados deja pendiente la ejecución de la pena y la efectiva privación de libertad ordenada por el tribunal.
Este pronunciamiento del juzgado especializado evidencia el funcionamiento del sistema de justicia penal en delitos de gravedad extrema. Sin embargo, la ejecución de la sentencia enfrenta el desafío de la localización y captura de la sentenciada que se encuentra evadiendo la acción de la justicia. La investigación y persecución de personas prófugas constituye una tarea prioritaria que involucra coordinación entre instituciones como la Policía Nacional y el Ministerio Público.
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