Proyecto busca enduorecer criterios para aceptación de refugiados en el Perú

El congresista Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) presentó ante el Legislativo el proyecto de ley nro. 14696/2025-CR, que busca modificar las normas sobre refugiados mediante la introducción de nuevas causales de improcedencia para las solicitudes de protección internacional que recibe el Perú.

La iniciativa plantea dos supuestos adicionales para rechazar peticiones de asilo. El primero contempla que la autoridad competente declare improcedente una solicitud cuando existan " indicios razonables " de que el solicitante representa una amenaza para la seguridad nacional, el orden público, la seguridad ciudadana o la salud pública. El segundo se refiere al supuesto donde el extranjero haya transitado o residido previamente en un país seguro sin haber solicitado protección internacional en ese territorio, a menos que demuestre razones justificadas para no haberlo hecho.

En su formulación, el proyecto busca " fortalecer la seguridad nacional y el orden público, sin afectar los principios fundamentales del derecho internacional de los refugiados, así como de los compromisos del Estado ". Esta última referencia apunta a los tratados internacionales suscritos por el Perú, particularmente la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

Un aspecto relevante del texto legislativo es el énfasis en que la evaluación de estas nuevas causales " deberá realizarse de manera individual, objetiva y proporcional ". Esta redacción sugiere la intención de evitar rechazos automáticos o discriminatorios, aunque el alcance práctico de estos estándares dependerá de la reglamentación y aplicación que las autoridades impartan.

La propuesta entra en un contexto de migración internacional compleja en la región. Si bien el proyecto no especifica estadísticas ni casos concretos que motivaron su presentación, la incorporación de criterios de seguridad nacional y la referencia a " países seguros " reflejan preocupaciones comunes en la gestión de flujos migratorios y solicitudes de asilo en América Latina.

El proyecto requiere ahora el trámite legislativo ordinario para su discusión en comisiones y en el pleno del Congreso.