Poder Judicial ratifica prisión preventiva y orden de captura contra exministro de Transportes

El Poder Judicial rechazó la solicitud presentada por la defensa de quien fuera ministro de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Pedro Castillo para dejar sin efecto la orden de captura y la prisión preventiva dictada en su contra. El juez supremo de Investigación Preparatoria, al analizar el incidente de cese de la medida coercitiva, determinó que su levantamiento resulta "manifiestamente inviable" mientras el investigado permanezca no habido o prófugo de la justicia.

El magistrado precisó que conforme al artículo 283, inciso 1, del Código Procesal Penal, el cese de prisión preventiva exige que la medida coercitiva personal "venga siendo ejecutada". En el presente caso, la orden de ubicación y captura no ha sido ejecutada por encontrarse el imputado prófugo, lo que impide formalmente que la solicitud prospere. Adicionalmente, el juez consideró que la defensa no presentó elementos de convicción nuevos; sus argumentos reproducían los ya contemplados en solicitudes anteriores similares.

La defensa argumentó que el imputado había sido "manipulado" por lobistas durante el proceso de licitación de la obra Puente Tarata y que no existieron irregularidades ni perjuicio al Estado en su ejecución. Solicitó el cese alegando que el plazo de 36 meses de prisión preventiva ya había vencido. El Ministerio Público, por su parte, señaló que la defensa no presentó elementos nuevos para desvirtuar la imputación y remarcó que la vigencia del peligro de fuga se mantiene mientras el investigado continúe prófugo.

El investigado enfrenta imputación por presuntos delitos contra la tranquilidad pública en su modalidad de organización criminal y contra la administración pública en su modalidad de colusión, en perjuicio del Estado. Los hechos se vinculan a dos casos: "Puente Tarata" y "Los Niños", relacionados con licitaciones irregulares de obras públicas durante el gobierno anterior. Esta constituye la cuarta solicitud presentada para dejar sin efecto la prisión preventiva; las anteriores también fueron desestimadas y confirmadas por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. El investigado ha permanecido no habido por más de cuatro años desde que se dictó la medida coercitiva.