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Nacional

Poder Judicial — Corrupción en gobiernos locales

Poder Judicial condena a exalcalde de Tocache por peculado doloso

Un tribunal de la Corte Superior de Justicia del Poder Judicial sentenció al exalcalde de la provincia de Tocache por incrementar de forma ilícita su remuneración y las dietas de regidores durante su gestión, en un caso que ejemplifica la persecución de peculado en la administración pública local.

Por Redacción·15 de julio de 2026
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El Poder Judicial dictó sentencia condenatoria contra el exalcalde de la provincia de Tocache por el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso por apropiación. La investigación y acusación del Ministerio Público demostraron que durante su gestión incrementó de forma ilícita tanto su remuneración como las dietas del cuerpo de regidores, destinando recursos públicos para su propio beneficio y el de los ediles.

El peculado doloso por apropiación constituye uno de los delitos más graves contra la administración pública en el ordenamiento penal peruano, tipificado en el Código Penal. Se configura cuando un funcionario público se apropia o distrae bienes o fondos públicos a sabiendas de que actúa ilícitamente. En este caso, la conducta de incrementar remuneraciones fuera de los marcos legales y presupuestarios corresponde a esta modalidad delictiva.

La sentencia fue pronunciada por un tribunal de la Corte Superior de Justicia de San Martín y representa una resolución en la línea de persecución de actos de corrupción en gobiernos locales de la Amazonía peruana. El Ministerio Público logró acreditar los elementos constitutivos del delito mediante prueba que permitió al tribunal determinar la responsabilidad penal del condenado.

Esta resolución se inscribe en el esfuerzo institucional del Poder Judicial por garantizar el resguardo de los recursos públicos y combatir la impunidad en casos de malversación de fondos por autoridades locales. El peculado es uno de los delitos que mayor daño causa a las arcas del Estado y a los ciudadanos, pues directamente sustrae recursos destinados a servicios esenciales como educación, salud e infraestructura local.

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