Nacional
Jurado Nacional de Elecciones — Proceso Electoral 2026
JNE aprueba padrón de 26.3 millones de electores para comicios de octubre
El Pleno del organismo electoral validó la nómina definitiva mediante Resolución N.° 1266-2026-JNE, tras proceso de verificación de datos con el Reniec. Ocho exfuncionarios fueron excluidos por inhabilitación constitucional.

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó el padrón electoral definitivo para las Elecciones Regionales y Municipales convocadas para el 4 de octubre de 2026. La nómina quedó conformada por 26 millones 314,648 ciudadanos peruanos habilitados para participar en ambos comicios, más 76 ciudadanos extranjeros inscritos que solo podrán votar en las elecciones municipales, sumando un total de 26 millones 314,724 electores.
La aprobación se formalizó mediante Resolución N.° 1266-2026-JNE, dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. Según el organismo, la nómina definitiva incluyó la exclusión de ocho personas que, en su condición de exfuncionarios públicos, fueron inhabilitadas por el Congreso de la República conforme al artículo 100 de la Constitución Política. Estos ciudadanos se encuentran impedidos de ejercer el derecho al voto y de postular a cargos de elección popular durante el período de su sanción.
Para la elaboración y validación del padrón, la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE ejecutó un proceso integral de verificación de la información remitida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Las labores abarcaron revisión de datos tanto en campo como en gabinete, orientadas a identificar inconsistencias en los registros, verificar la residencia efectiva de los electores y detectar casos de personas fallecidas que aún figuraran en la relación preliminar.
Tras concluir la fiscalización, el JNE trasladó las observaciones detectadas al Reniec para su corrección y actualización. El organismo electoral sostuvo que la validación del padrón se realizó en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, "con la finalidad de garantizar la legalidad y transparencia del proceso electoral, así como asegurar que los resultados reflejen de manera fiel la voluntad ciudadana".
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