Fiscalía solicita prisión preventiva para ocho militares por masacre en operativo antidrogas

La Fiscalía de la Nación investiga a ocho integrantes de la Compañía Especial de Comandos "Pachacútec" N.° 31 del Ejército del Perú por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, en conexión con un operativo antidrogas realizado el 25 de abril de 2026 en la carretera Ayacucho-Colcabamba, a la altura del Puente Milenio, distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, Huancavelica.

De acuerdo con la tesis fiscal, aproximadamente a las 4:14 de la madrugada, una camioneta gris 4x4 que transportaba a ocho ocupantes fue interceptada por los militares, quienes se encontraban ocultos entre la vegetación en distintos puntos estratégicos de la vía. El conductor perdió el control del vehículo tras recibir impactos de bala en los primeros disparos y la unidad quedó inmovilizada al borde de un precipicio. Pese a esa circunstancia, los efectivos continuaron disparando de forma continuada.

La Fiscalía sostiene que "los ocho militares participaron de manera conjunta y coordinada en un operativo durante el cual se empleó fuerza letal de forma arbitraria, innecesaria y desproporcionada". Según la investigación, no existió fuego cruzado ni agresión real e inminente contra los efectivos. Los ocupantes de la camioneta no recibieron orden de alto ni advirtieron presencia militar antes de que iniciaran los disparos. Cinco personas fallecieron y dos resultaron gravemente heridas; un tercero logró escapar del lugar.

Los investigadores hallaron evidencia forense determinante: catorce perforaciones de bala en plantas de penca ubicadas en la ruta de escape de uno de los sobrevivientes, e impactos adicionales en un árbol contra el que terminó empotrada la camioneta. La Fiscalía alega además que los militares ingresaron a la unidad tras los disparos buscando estupefacientes y, al no hallar ninguno, habrían dejado municiones en el interior del vehículo para sustentar posteriormente una versión de enfrentamiento armado.

Los sobrevivientes coincidieron en que no escucharon orden clara de detención ni pudieron identificar a los agresores. Uno de ellos fue interrogado por militares sobre la presunta carga de drogas antes de recibir atención médica.

El operativo se originó a partir de información de inteligencia sobre presunto traslado de estupefacientes procedentes del VRAEM. La patrulla se movilizó con armamento de guerra, incluidas ametralladoras, lanzagranadas y granadas explosivas. La zona no se encontraba bajo declaratoria de estado de emergencia.

Los ocho investigados son: el capitán Luis Joel Montenegro Pardo, jefe de patrulla; Brayan Antony Fernández Dett, Douglas Villacorta Saboya, Hedilberto Edis Marcos Guerra, Andy Jesús Sánchez Ríos, Jorge Luis Aguilar García, Américo Carlos Vásquez Rojas y Fernando Córdova Mariano.