Nacional
Justicia española — Corrupción y tráfico de influencias
Fiscalía de España pide la absolución de Begoña Gómez y otros dos encausados
El Ministerio Público rechazó los cargos por tráfico de influencias, corrupción en negocios privados, apropiación indebida y malversación, argumentando que ninguno de los investigados obtuvo beneficio económico de las actividades cuestionadas.

La Fiscalía española solicitó la absolución de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, así como la de otros dos encausados: Cristina Álvarez, asesora de Gómez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, todos procesados por delitos de tráfico de influencias, corrupción en negocios privados entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
En su escrito de conclusiones, el Ministerio Público negó la existencia de conducta delictiva en la actuación de Gómez respecto de su labor en la cátedra pública que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid, sosteniendo que "ni Begoña Gómez ni Cristina Álvarez ni Juan Carlos Barrabés obtuvieron remuneración o beneficio directo o indirecto derivado de esta actividad, ni realizaron presión de ningún tipo sobre las empresas afectadas para la promoción de la Cátedra de Transformación Social Competitiva y sus patrocinios".
La Fiscalía también señaló que ninguno de los investigados se benefició económicamente de un software desarrollado para la cátedra ni consta que la Universidad Complutense haya sufrido perjuicio patrimonial como consecuencia de las actividades cuestionadas.
Esta posición del Ministerio Público contrasta con la decisión anterior del juez de instrucción Juan Carlos Peinado, quien el 20 de junio mandó a los tres encausados a juicio ante jurado popular, decisión que generó controversia política y mediática en España. El mismo magistrado había ordenado la retención de pasaportes tanto a Gómez como a Álvarez por considerar riesgo de fuga. Sin embargo, un juez suplente autorizó recientemente el regreso provisional del documento a Gómez para asistir a compromisos académicos familiares.
La investigación se originó en abril de 2024 tras una denuncia presentada por la organización que se autodenomina sindicato Manos Limpias, fundamentada en información de prensa.
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