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Indecopi — Protección al Consumidor
El cobro adicional por tarjeta: qué permite la ley peruana
Aunque no existe prohibición absoluta de diferenciar precios según el medio de pago, la legislación peruana condiciona estos recargos a reglas de transparencia e información previa al consumidor.

La práctica de cobrar un porcentaje adicional —frecuentemente del 5%— cuando el cliente elige pagar con tarjeta de crédito o débito se ha generalizado en comercios peruanos. Restaurantes, tiendas y establecimientos de servicios justifican estos recargos en los costos financieros y operativos que implica procesar transacciones con tarjeta. Sin embargo, la medida plantea interrogantes sobre sus límites legales y los derechos del consumidor.
La legislación peruana no prohíbe de manera absoluta que un comercio establezca precios distintos según el medio de pago utilizado. El debate jurídico, más bien, gira en torno a cómo y cuándo se informa esa diferenciación al consumidor, y si resulta transparente y justa en su aplicación.
Segun especialistas en derecho del consumidor, la clave radica en la información previa. Los comercios están obligados a comunicar claramente al consumidor —antes de que realice la compra— que existe un recargo por pago con tarjeta. Esta información debe ser visible en el punto de venta, en los avisos o carteles, y no puede ocultarse o sorprender al momento del pago.
Asimismo, existe debate sobre si estos recargos responden efectivamente a costos reales o si constituyen un sobreprecio injustificado. El Indecopi, como organismo regulador de protección al consumidor, ha establecido que los comercios deben acreditar que el costo adicional guardaproporcionalidad con los gastos que genuinamente implica procesar pagos con tarjeta.
Otra arista relevante es si el comercio puede negar el recargo en circunstancias específicas o si debe aplicarse de manera uniforme. La jurisprudencia y las guías del Indecopi sugieren que, más allá de permitirse la diferenciación de precios, esta debe ser razonable, proporcional y transparente.
En la práctica, un consumidor que considere abusivo o no informado un recargo por tarjeta puede presentar una denuncia ante el Indecopi o ejercer reclamos administrativos. La carga de la prueba respecto a la justificación del costo recae en el comercio.
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