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Nacional

Corte Suprema — Tráfico de influencias

Corte Suprema condena a expresidente del Consejo de Ministros a cuatro años de prisión por tráfico de influencias agravado

La Sala Penal Especial halló culpable al exjefe del Gabinete de interferir en investigaciones del Equipo Especial Lava Jato. En el mismo proceso se condenó a dos exfiscales y un empresario por su participación en la red que buscó obstaculizar las pesquisas.

Por Redacción·28 de junio de 2026
Close-up view of a marble statue's intricate details with a dark background.
Imagen referencial

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a cuatro años de prisión efectiva al expresidente del Consejo de Ministros, hallándolo culpable en calidad de instigador del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado. La sentencia será ejecutada una vez adquiera firmeza tras revisión en segunda instancia.

El tribunal concluyó que el exjefe del Gabinete utilizó influencias indebidas para interferir de forma clandestina en las investigaciones del Equipo Especial Lava Jato, con el propósito de frenar y direccionar los procesos penales que enfrentaba por presuntos sobornos pagados por la constructora Odebrecht. Los hechos ocurrieron en 2019, cuando se establecieron contactos irregulares con altos funcionarios del Ministerio Público para infiltrar el despacho del fiscal que investigaba el presunto pago de coimas por la adjudicación de una carretera, obra ejecutada durante su gestión como gobernador regional.

En el mismo proceso, la Corte Suprema condenó a un exfiscal superior a seis años de prisión, a un exfiscal provincial a cuatro años de cárcel y a un empresario a tres años de prisión por su participación en la red que buscó obstaculizar las investigaciones del caso Lava Jato.

La pena de cuatro años impuesta corresponde al mínimo previsto en el Código Penal para este delito, cuya sanción puede alcanzar hasta ocho años. Los magistrados valoraron que el condenado no registra antecedentes penales, acreditó arraigo familiar y laboral y mostró disposición para someterse al proceso judicial.

Además de la pena privativa de libertad, el Poder Judicial le impuso cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa equivalente a trescientos días-multa, por un monto de treinta y nueve mil soles.

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