Congreso propone gravar con impuestos a universidades e institutos privados

Un proyecto de reforma constitucional presentado en el Congreso de la República plantea eliminar la exoneración de impuestos que actualmente beneficia a universidades, institutos y escuelas superiores privadas. La iniciativa propone modificar el artículo 19 de la Constitución Política, suprimiendo la "inafectación de todo impuesto" para dichos centros de formación, tanto a nivel directo como indirecto.

Según el texto propuesto, "las universidades, instituciones privadas y demás centros educativos constituidos conforme a la legislación en la materia están sujetas al pago de los impuestos directos e indirectos establecidos por ley respecto de los bienes, actividades y servicios que desarrollen, conforme al régimen tributario vigente". El proyecto establece además que el Poder Ejecutivo deberá adecuar la legislación tributaria y educativa en un plazo no mayor de 120 días calendario desde la entrada en vigencia de la norma.

La propuesta diferencia entre instituciones educativas sin fines de lucro, que conservarían sus beneficios tributarios, y aquellas que operan con fines lucrativos, las cuales deberían contribuir al sostenimiento del Estado. La iniciativa sostiene que la inafectación tributaria se ha aplicado de manera generalizada a todas las instituciones educativas privadas, generando distorsiones en el sistema tributario y en la dinámica del mercado.

En la exposición de motivos se señala que "una reforma constitucional que diferencie claramente entre la educación sin fines de lucro y la educación como negocio es el único camino para garantizar que, quienes obtienen beneficios millonarios, también aporten de manera proporcional al sostenimiento de los servicios públicos". Se proyecta que los recursos recaudados por esta tributación podrán ser reinvertidos en la modernización y mejora de la calidad de la educación pública.

La reforma constitucional requiere aprobación en dos legislaturas ordinarias sucesivas con mayoría simple, según los procedimientos establecidos en la Constitución. De prosperar, implicaría una revisión significativa del régimen tributario aplicable al sector educativo privado.