Nacional
Congreso de la República — Educación Superior
Congreso aprueba creación de nueve nuevas universidades públicas en regiones del país
El Poder Ejecutivo promulgó tres leyes que permiten el establecimiento de universidades nacionales en Loreto, Junín, Ucayali y Cusco, sumándose a 16 nuevas instituciones de educación superior en lo que va de 2026.

El presidente José María Balcázar promulgó esta viernes, mediante su publicación en el diario oficial El Peruano, tres leyes aprobadas por el Congreso de la República la semana anterior que declaran de interés nacional la creación de nueve universidades públicas y ocho institutos tecnológicos distribuidos en diez regiones del territorio nacional.
La norma principal, denominada Ley N° 32620, autoriza específicamente el establecimiento de ocho universidades nacionales en los departamentos de Loreto, Junín, Ucayali y Cusco. Entre las instituciones autorizadas figuran la Universidad Nacional de Yurimaguas, en la provincia de Alto Amazonas del departamento de Loreto, e la Universidad Nacional de Iquitos en el distrito de Iquitos.
Esta acción legislativa forma parte de una política de descentralización educativa que busca ampliar el acceso a la educación superior en zonas del interior del país. Durante el año 2025, se crearon al menos cuarenta universidades públicas nacionales, cifra que se incrementaría significativamente con las nuevas autorizaciones promulgadas en 2026.
La expansión del sistema universitario público responde a demandas históricas de gobiernos locales y comunidades educativas por contar con instituciones de educación superior en sus territorios, reduciendo la concentración de universidades en la capital y principales ciudades. No obstante, expertos en educación advierten que la multiplicación acelerada de universidades públicas requiere asignaciones presupuestarias correspondientes y aseguramiento de estándares de calidad académica para garantizar la formación integral de estudiantes.
La promulgación de estas leyes trasciende el ámbito administrativo al impactar directamente en políticas de desarrollo regional y equidad educativa, campos que han sido materia de análisis por el Tribunal Constitucional en decisiones previas sobre derechos sociales y acceso a la educación. Las nuevas universidades deberán someterse a los marcos normativos establecidos por el Ministerio de Educación y a procesos de acreditación que aseguren su funcionamiento institucional.
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